11.7 C
Mendoza
18 de junio de 2024
FM Del Condado
Image default
Política

Un juez archivó una denuncia que pedía penalizar a los supermercados por el aumento de los precios



El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky desestimó la denuncia formulada por el abogado Osvaldo Oscar Albano contra supermercados y industrias alimenticias por el aumento de los precios y archivó la causa por inexistencia de delito.

En diciembre del 2023, el abogado Osvaldo Oscar Albano presentó una denuncia contra dos grupos de empresarios de la industria alimenticia y farmacéutica por «especular» con el aumento de los precios. El abogado planteó que esta suba de precios «se debía a especulaciones, negociaciones o coaliciones que afectaban al orden público».

En cambio, para el juez, este escenario es “el reflejo de una angustiante situación de desequilibrio económico que atraviesa esta nación, en un contexto temporal de cambios de signo político que sólo profundizan incertidumbres sobre el futuro de la economía nacional”.

Aguinsky recordó que “la especulación y el control de precios han sido problemas recurrentes en la economía a lo largo de la historia con la lógica repercusión en el mundo del Derecho. Desde la piedra normativa del Rey Hammurabi y sus precios regulados (año 1750 a.c.)» hasta los controles de precios de hoy.

En el contexto «de desequilibrio económico que vivimos, no puede negarse que existan casos de especulación. En sí, a mayor incertidumbre mayor especulación. Pero creo no equivocarme que el clima de especulación que se vive en los últimos tiempos no es de lucro, sino de resguardo. Dudo que los fenómenos especulativos actuales estén todos dirigidos a “ganar más”, sino que están intentando “perder menos”.

Pero «no es la ley penal, en este caso, la herramienta normativa adecuada para tratar de poner orden a este caos de precios que consterna al denunciante y seguramente a gran parte de la población», agregó el juez en su resolución.

Para el juez, el ámbito para resolver esta denuncia es la secretaria de Comercio de la Nación. «Sólo hay que observar la cantidad de leyes y reglamentaciones que tienen a la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación. Ese vademécum de normas constituye, en gran parte, el marco jurídico del mercado competitivo y de defensa de los consumidores», agregó.

«La ley penal es un remedio de última instancia y no un comodín para hacer populismo judicial. El principio de intervención mínima deriva del carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal», subrayó el juez.

Recordó que la Constitución Nacional en su artículo 42 establece, entre otros lineamientos, que “las autoridades proveerán … a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales…”

Entonces, «la máxima norma argentina propicia la existencia de un marco jurídico del mercado competitivo», agregó.

Nuestra Carta Magna «acepta la idea de “la mano invisible” para generar un mercado libre que beneficie al conjunto, pero al indicar que los derechos que allí se hagan valer deberán ser ejercidos “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”, la misma Norma Fundamental establece un «ring visible» con reglas de juego para una competencia justa y provechosa.”

La denuncia fue desestimada luego del dictamen del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff.

Según Albano, estas empresas estarían infringiendo el artículo 300, punto 1 del Código Penal. El cual lee “Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años: 1. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado”.

A su vez, Albano también los denunció por los artículos 209 y 210. El 209 plantea que hay una instigación a cometer delitos. Este dice que será penado “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”.

El 210 habla de las asociaciones ilícitas, lee “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”.

El planteo del abogado sostenía que “los empresarios subían sus precios acorde a las subas del dólar blue para evitar perder patrimonio en caso de una devaluación”. Luego, cuando asumió un nuevo gobierno el 10 de diciembre y “se hizo una devaluación del dólar oficial a 820, los empresarios plantearon que debían hacer una suba correspondiente al aumento de ese dólar”. Esto para el abogado, “es una sumatoria artificial doble de los precios”.

Para Albano, esto no presenta “sentido común”. El abogado aseguró que “es un aumento desorbitado y artificial de los precios”. Agregó que “los empresarios argentinos tenían un claro acuerdo tácito o hasta posiblemente expreso y oculto entre ellos”.

Este acuerdo, según el abogado era entre “empresarios industriales, mayoristas, proveedores y comerciantes, para así poder lograr un sistema de ganancias en su beneficio, causando así un ‘daño indeterminado a un número impreciso de personas’».

Tabatha Barrera Carlini, Maestría de Clarín/ Universidad de San Andrés.



Fuente Oficial