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Mendoza
24 de junio de 2024
FM Del Condado
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Política

por qué le convendría (y por qué no) a Milei convocar a una consulta popular



Javier Milei lo anticipó en la campaña que lo llevó a la presidencia, consciente de que -cualquiera fuera el resultado- tendría debilidad legislativa. El entonces candidato ya explicitaba entonces que, en el caso de que no reuniera los votos necesarios en el Congreso para empujar los cambios de 540 grados que pretende impulsar, apelaría a plebiscitar las iniciativas.

Después del fracaso de la ley ómnibus, el Presidente y el Gabinete barajan la posibilidad de impulsar una consulta popular no vinculante para presionar a los legisladores que rechazaron la ley de bases. “Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas, se decidirá tomar el camino más correcto o que revista mayor celeridad”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.

En el Gobierno descartan la posibilidad de recurrir a un plebiscito vinculante, una alternativa contemplada en el artículo 40 de la Constitución, pero que debe ser convocado por el Congreso. “No es una opción, porque lo trabarían de antemano”, sostienen en Balcarce 50.

La variante en la que piensan en el Ejecutivo tendría como finalidad presionar a los opositores a la ley ómnibus. “Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular no vinculante obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha de proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral”, señala la ley 25.432.

Los tiempos de una consulta

La necesidad de una respuesta rápida, a la que aludió el vocero presidencial, también conspiraría contra alternativa de una consulta. La misma debe ser convocada entre 60 y 120 días antes de su anuncio en el Boletín Oficial.

Además de las posibilidad de una derrota que debilite aún más al Gobierno, entre las objeciones libertarias a esa opción se cuenta el alto costo destinado a la propaganda política que significaría una consulta popular y la organización del comicio que recaería en el Estado nacional justo cuando el Presidente repite una y otra vez que “no hay plata”.

Milei ya había amenazado con la convocatoria a una consulta popular si el Mega-DNU no era aprobado. El último plebiscito que se hizo en la Argentina fue en 1984, en el gobierno de Ricardo Alfonsín, para ver si se aceptaba o rechazaba el Tratado de Paz con Chile por el Canal del Beagle.

«Javier ya dijo que va a plebiscitar muchos temas. Ahora, si los diputados no están a la altura y no apoyan los temas ¿a quién están representando? ¿qué intereses? Yo creo que ese va a ser el gran debate”, sostuvo meses atrás la diputada a gobernadora de LLA Carolina Píparo, ahora apuntada por el oficialismo por haber votado en contra de algunos incisos de la ley.

La convocatoria a la consulta tiene límites, según numerosos abogados constitucionalistas. Sostienen que no se puede hacer una consulta popular en materia penal, ni en cuestiones que requieren mayoría especial en el Congreso o son facultades propias de alguna de las Cámaras, como los temas tributarios para Diputados (que incluía el proyecto) y temas de Coparticipación para el Senado.



Fuente Oficial