La pareja de ladrones ni siquiera tuvo que presionar a los dueños del departamento del edificio Mirador Cabo Corrientes para que les dijeran dónde guardaban el dinero. El entregador les había indicado hasta el lugar dónde lo ocultaban: un doble fondo en una mesa de luz. Y efectivamente ahí estaban los billetes, muchos más de los que los asaltantes habían ido a buscar: 228 mil dólares. También se llevaron alhajas, unos 400 mil pesos, un sable que decoraba la sala y las vidas de Antonio y María Ana, las víctimas, que andaban por los 80 años. Entre el desconsuelo y el covid murieron pocos días después.
En esos días, diciembre de 2020, el comisario mayor José Luis Segovia (46) era director de la DDI en Mar del Plata. Luego, en marzo de 2021 fue ascendido y hasta hace exactamente una semana, cuando fue detenido en su casa, fue jefe de la Departamental de la Policía Bonaerense en la Ciudad. Ahora está preso en una comisaría de Balcarce.
Los fiscales generales de Mar del Plata lo acusan de ser el líder de una organización mixta, integrada por policías de la Bonaerense y de la Federal, ex policías, arbolitos y un abogado penalista, y los integrantes de la que aquí se conoció como «La banda del millón», delincuentes que se dedicaban a robar en departamentos. El nombre se lo pusieron porque en pocos golpes se hicieron de un botín de más de un millón de dólares.
La saga de delitos que le atribuyen comenzó con el robo al matrimonio de Cabo Corrientes y se extiende hasta estos días, ubicándolo en todas las situaciones fundamentalmente por testimonios –no hay escuchas ni filmaciones– al frente de «un esquema de recaudación ilegal y un aceitado sistema corrupción institucional, organizado jerárquicamente, que les brindaba y garantizaba –a delincuentes– protección e impunidad ante la Justicia Federal y provincial a cambio del pago periódico de sumas de dinero».
Lo que dicen los fiscales Fabián Fernández Garello y Marcos Pagella, general y adjunto, es que Segovia, primero desde la DDI y luego desde la Departamental, filtraba información, plantaba pruebas falsas para desviar investigaciones y encubría a cambio de beneficios económicos. Que estaba al frente de una asociación ilícita.
Así, sostienen que un día después del robo de los 228 mil dólares, fue Segovia quien «plantó» la foto de un sospechoso, Mauricio Di Norcia, luego líder de «La banda del millón», para encubrir a los verdaderos delincuentes, el ex policía federal Carlos Alejandro Juárez y a su pareja Julieta Palermo, a quienes se los ve en el registro de las cámaras de seguridad del edificio en la zona de ascensores.
Luego la Justicia emitió órdenes de allanamiento contra Di Norcia, pero ninguno dio resultado. ¿La razón? De acuerdo a la hipótesis fiscal, la propia Policía filtró información al abogado del sospechoso para que cobrará sus «honorarios» por esa protección.
El abogado, penalista, es Lautaro Resúa, y desde la noche de este martes está detenido. La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de eximición de prisión que había concedido el juez de Garantías, y se entregó en Tribunales.
La supuesta organización que encabezaría el comisario Segovia, además de Resúa, estaría integrada por los otros imputados, todos detenidos: el policía bonaerense Gastón Moraña, los ex agentes Javier González y Christian Holtkamp, el oficial de la Policía Federal Nicolás Rivademar, y Jorge Toletti, arbolito y dueño de un café en la zona caliente de las cuevas marplatenses.
Luego se supo que el asalto de Cabo Corrientes fue organizado desde esa misma zona, entre arbolitos y ex policías. De allí salió el dato que indicaba que los jubilados tenían miles de dólares en su departamento. Llegó a oídos –a través de Resúa– del joyero Svan Arslan, que tenía oficina en la Av. Corrientes y Libertad, en Buenos Aires, y éste reunió a Juárez, Palermo, Leonardo Scurzi y Rodrigo Soto –éstos dos últimos prófugos– para planificar el robo.
Caída la investigación contra Di Norcia, que se presentó luego en la Justicia y pidió a través de Resúa su eximición de prisión, la organización atribuida a Segovia fue por Juárez. Toletti, el policia de la DDI Javier Collova, y otros dos hombres, todos vestidos con ropa de Policía, lo secuestran de un hotel en Punta Mogotes y le piden 50 mil dólares para que la investigación en su contra quede en la nada.
Juárez no acepta la oferta de Toletti y sus amigos. Lo dejan en la calle en la otra punta de la ciudad y, ¿qué hace en ese momento el ex policía federal, el ladrón de los 228 mil dólares, que días después caería preso por una entradera en Buenos Aires? Algo insólito: llama al 911 para denunciar que lo habían secuestrado y extorsionado.
Entonces, Toletti y Holtkamp, que se presenta como un ex DDI, lo venden al fiscal del caso y le cuentan que el ladrón es Juárez. Lo que estos no sabían es que su número de teléfono había quedado registrado en aquella llamada, y que con eso quedaban todos vinculados. Di Norcia caería preso más adelante, cuando se prueba que junto a otros tres hombres robaban departamentos; en cuatro golpes –en una maniobra que incluía cierta inteligencia, duplicado de llaves, y otros movimientos– se alzaron con US$ 1.019.500 y $ 42.450.000.
Ahora sí, los allanamientos dieron resultado y fueron detenidos; venían de Qatar, de ver algunos partidos del Mundial de Fútbol. El abogado de tres de ellos era el mismo Resúa, que aparecerá luego en las maniobras que –según los fiscales– fueron «pergeñadas y dirigidas por el comisario Segovia, y participaron, al menos, el oficial Gastón Moraña, el ex oficial Javier Martín González, el oficial de la Policía Federal Nicolás Rivademar, Holtkamp y Javier Toletti,
«Centralizaron y controlaron la compraventa de moneda extranjera, pusieron en circulación billetes falsos y la explotación de juegos de azar no autorizados, exigiendo indebidamente el pago periódico de fuertes sumas de dinero en concepto de aranceles a cambio de silencio y protección», sostiene el pedido de los allanamientos (7 en simultáneo hechos por Prefectura) y la media docena de detenciones que hizo el Ministerio Público, en un escrito de 156 páginas al que Clarín tuvo acceso.
Segovia se defendió, declaró que lo que hizo fue «patear el hormiguero», que «poner en orden el caos siempre trae problemas» y que por su accionar contra el delito, meterse «con la mugre» de Luro e Independencia –esquina de indisimulables cuevas y arbolitos–, a tres cuadras de la Municipalidad y a una y media de la comisaría primera), «hay quienes han quedado dolidos».
«Es una narración muy pintoresca, parece escrita por un novelista más que por un agente fiscal. Mezclan todos los sucesos, pero se olvidan de referirse a la prueba. Si Segovia hizo operativos para liberar la zona de arbolitos, ellos dicen que lo hizo para despejar el terreno y que laburen otros; del dicho del dicho del dicho llegan a la conclusión que desvió una investigación», dijo a Clarín el abogado del comisario detenido, Martín Bernat.
Para el defensor, «es como si hubieran agarrado el imaginario social. El policía es tránsfuga y arregla, metieron declaraciones de dos o tres policías que Segovia echó, de dos delincuentes, e hicieron una narración. Sucede que para la detención se exige sospecha, ahora para la prisión preventiva se necesita de indicios vehementes, y la causa no los tiene».
Mar del Plata. Corresponsal