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Mendoza
24 de junio de 2024
FM Del Condado
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Política

La Ciudad se endurece y, como la Nación, denuncia a los responsables de los destrozos en el Congreso para que los paguen



En un notorio cambio de postura que lo acerca a la denominada «doctrina Bullrich» que impulsa la Nación, el gobierno porteño presentó en las últimas horas una denuncia penal para que se investiguen los incidentes y destrozos provocados en las inmediaciones del Congreso tras la aprobación de la Ley Omnibus.

Así, se buscará individualizar a todos los responsables por los hechos ocurridos el último viernes -ya hay 18 detenidos entre los que se contabilizan varios barras-, y también se les pasará la factura por el daño al mobiliario urbano producido durante la refriega.

La presentación fue realizada por los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y su par de Seguridad, Waldo Wolff, ante la Fiscalía General de la Ciudad por expreso pedido de Jorge Macri. «El que rompe, paga», expresó el alcalde porteño y adelantó que el ministerio público «tiene a disposición las fotos e imágenes de las cámaras de seguridad para poder identificar a los responsables, hacerles pagar por los daños que causaron y seguir los procesos penales correspondientes».

El jefe de gobierno porteño insistió en que esta postura representa «un cambio de paradigma» con respecto al cumplimiento del orden y la seguridad en el distrito. «Ahora es el gobierno quien dice qué se puede hacer y qué no en el espacio público”, abundó en una suerte de posicionamiento similar a los objetivos que persigue el protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich a nivel nacional..

“Se terminó la lógica violenta de las minorías ruidosas. Nuestra Ciudad tendrá ´tolerancia cero´ con aquellos que pretendan romper la paz social», remarcó Macri y sostuvo que buscarán que las agrupaciones políticas o los «vándalos» que participaron de los destrozos del último viernes paguen los daños perpetrados en los contenedores y artefactos de iluminación pública de la zona.

El costo de reposición de lo dañado y de la limpieza de los alrededores del palacio legislativo fue estimado en $106.890.000. Sin embargo, en la Ciudad reconocieron que dependerán del avance de la causa en la justicia para poder hacer cumplir esta demanda. «No podemos sacarle la plata a quienes realizaron la marcha», indicó Wolf esta tarde en diálogo con TN, al tiempo que indicó que la fiscalía «tiene la cara de las personas (involucradas). No podemos hacer inteligencia pero les llevamos las imágenes para que digan con nombre y apellido quien martilló las baldosas».

En la presentación realizada este sábado, los funcionarios instaron al fiscal de turno a que promueva la correspondiente investigación penal preparatoria y se dispongan todas aquellas medidas conducentes para el esclarecimiento del hecho y la identificación de sus responsables.

Según pudieron reconstruir en la Ciudad, se “vandalizaron diversos bienes públicos, se prendieron fuego vallas de madera sobre la vía pública, como así también tachos y contenedores de basura, se rompieron baldosas de las veredas, para así arrojar objetos contundentes al personal policial”.

Además en el escrito se indicó que durante la protesta se “obstaculizó la circulación vehicular, se agredió de diversas maneras al personal policial y de otras fuerzas de seguridad que se encontraban abocados a la tarea de asegurar el orden público, y se obstaculizó la salida del edificio del Congreso de diversas personas».

Según se informó, la denuncia presentada ante el ministerio Público Fiscal reclamó también que a “medida que sean identificados los responsables de los diversos hechos ilícitos se les formule la correspondiente intimación de los hechos.

Y, a su vez, que se haga saber fehacientemente su identidad a los presentantes, a los efectos de poder iniciar los reclamos pecuniarios pertinentes en razón de las diversas afectaciones al erario público de la Ciudad que han provocado sus conductas”.

En el ministerio de Seguridad nacional, en tanto, indicaron que hasta el momento había 18 detenidos por los incidentes ocurridos alrededor del Parlamento. Entre los sospechosos, hay dos personas de nacionalidad chilena involucradas en los desmanes, una de ellos con antecedentes de violencia en su país, y que pedirán su inmediata deportación. También hay barrabravas oriundos de Avellaneda y Lanús por lo que se investiga si hubo instigadores que «contrataron» a los violentos que actuaron el pasado 2 de febrero.

“Hay una nueva cultura, yo hace años que la pregono. Antes me costó porque no tenía el mismo ´feedback´ de parte de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora hay una decisión muy fuerte del gobierno nacional de apoyar esta línea”, dijo Bullrich este domingo a FM Millenium, en un tiro por elevación a la administración que encabezó Horacio Rodríguez Larreta.

Si bien la excandidata presidencial intimó a Camioneros y los movimientos sociales reunidos en la UTEP a pagar unos $40 millones por los daños al mobiliario urbano que desencadenó la marcha que realizaron el 27 de diciembre a Tribunales contra el DNU, hasta el momento no logró cobrar dicha acreencia. «No pagamos porque la OIT y la ONU se expidieron y el protocolo contradice el derecho», alegó un referente piquetero a este diario.

Otro funcionario porteño consultado, en tanto, confirmó que hay un cambio de lógica en la actuación de la Policía de la Ciudad en esta etapa con un refuerzo en la prevención del delito y la ocupación ilegal del espacio público. Y sentenció que hoy se trabaja «en una estrategia mancomunada» con la Nación. Este lunes por la mañana, de hecho, habrá un procedimiento sobre la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal donde se espera que militantes de la UTEP protesten contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



Fuente Oficial