La brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar libre y sus variantes financieras es del 40 por ciento. Sin embargo, y a pesar de la inflación acumulada entre diciembre y enero y la proyectada para los próximos meses, el Gobierno descarta una nueva devaluación antes de levantar el cepo, una medida que el FMI exigió antes de autorizar el giro de US$ 4700 millones.
En el Ejecutivo rechazan las presiones del sector agropecuario que -con aumento de retenciones, inflación y sin cambios en la política cambiaria- se entusiasma con una nueva versión del dólar soja que Sergio Massa implementó en su estadía en el ministerio de Economía.
“Con un dólar libre no será necesario”, afirman funcionarios con despacho en Balcarce 50. En la administración libertaria vislumbran que el levantamiento del cepo coincidirá con los tiempos de la liquidación de la cosecha gruesa, entre abril y junio.
El ministro de Economía Luis Caputo se llamó a silencio después de anunciar que el oficialismo bajaría el capítulo fiscal de la ley ómnibus y de cruzarse con los gobernadores. Milei descartó la dolarización en el corto plazo, aunque hace 10 días había sugerido que estaba “muy cerca» del objetivo. “No dan los tiempos (…) Los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje”, dijo el mandatario al portal Cenital. Añadió además que el saneamiento se completará a fines del primer semestre.
En el Gobierno se entusiasman con el fortalecimiento de reservas que empuja el Banco Central y promueve el FMI, la liquidación de la cosecha sin el fantasma de la sequía del año pasado y el financiamiento externo. Por eso cobra más importancia la derogación de ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que se aprobó durante la gestión de Alberto Fernández y que obliga al Ejecutivo a pedir autorización al Congreso para tomar deuda.
Es uno de los temas espinosos que Diputados discutirá en particular durante el tratamiento particular de la ley ómnibus, que ya se convirtió en la sesión más larga de los últimos 40 años. A pesar de esa necesidad imperiosa, el Ejecutivo insiste con un discurso cada vez más duro contra los gobernadores.
El lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que si se aprueba la coparticipación del impuesto País, el Presidente podría vetar ese artículo sensible de la ley ómnibus, tal como había adelantado Clarín. Los diputados de la oposición dialoguista (a los que Milei agradeció en su comunicado del viernes, cuando el proyecto fue aprobado en lo general) amenazan con una contraofensiva en el caso de que haya veto y con reunir dos tercios de los votos de las cámaras para coparticipar el impuesto que recauda casi $500 mil millones por mes, pero que desaparecerá con el fin del cepo.
En la Rosada sostienen que si se coparticipara el impuesto antes de eliminarlo, el Gobierno debería resolver cómo sustituir esas partidas. “Los gobernadores van a tener que reducir el gasto. Estamos haciendo el ajuste que la política se niega a hacer hace 20 años”, reiteran en el Ejecutivo. Esa es la línea discursiva que instaló el Gobierno después de la aprobación general de la Ley Omnibus.
En el Gobierno insisten en que no cederán más después de bajar más de 300 artículos de la ley. De todos modos, el ministro del Interior volvió este martes al Palacio Legislativo al despacho de Martín Menem para seguir conversando con los jefes de bloque. También fue de la partida Santiago Caputo, principal delegado del Presidente. En la oposición objetan privatizaciones, el traspaso al Tesoro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, facultades extraordinarias y hasta impulsan una nueva fórmula jubilatoria.
«Instamos a todos los legisladores a actuar con la mayor de las celeridades en virtud de lo que marcamos siempre, una Argentina empobrecida y una Argentina que necesita respuestas por parte de la política», expresó el vocero presidencial Manuel Adorni a la misma hora en la que los enviados del Gobierno negociaban con la oposición.
En el Ejecutivo ya dejaron en claro que dilatarán la convocatoria a la oposición para debatir un nuevo pacto fiscal. Para esa instancia -si la realidad y el Senado no los obligan a recalcular- reservarán la reversión de Ganancias que tanto reclaman por lo bajo los mandatarios provinciales.
A pesar de los números de inflación de enero, en la Rosada se entusiasman con la desaceleración de los precios con respecto a diciembre y se ilusionan con una reducción mayor en los próximos meses -a pesar de que marzo es históricamente el mes más complejo en materia inflacionaria- y de los aumentos de transporte y de energía.
Mientras tanto, en el Ejecutivo remarcan cada ahorro como un hito de la gestión. Mientras el Presidente protagoniza su primera gira internacional, en la Rosada muestran como un logro que los 34 empresarios que lo acompañarán en Roma hayan pagado sus respectivos pasajes de su bolsillo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, lo que supondría un ahorro de US$ 232 mil.