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La Mesa del Congreso ha tenido que revocar este martes la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a una ley que el Gobierno quiere agilizar: si hace una semana el plazo había quedado prorrogado hasta septiembre y ahora se ha rectificado y se ha puesto como tope el próximo 12 de julio.
Se trata de la ley orgánica de Medidas en Material de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y de Acciones Colectivas para la Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores y Usuarios, que salió de Moncloa el pasado mes de marzo.
Hasta ahora el Congreso sólo había cerrado el plazo de presentación de enmiendas de totalidad y el PP presentó una pidiendo la devolución del texto al Gobierno, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
DEBATE DE TOTALIDAD PENDIENTE
A la espera de ese debate de totalidad, la pasada semana la Mesa del Congreso prorrogó el plazo de enmiendas parciales hasta después del verano, ya en septiembre, pero ahora el Gobierno ha pedido agilizar la ley y la Cámara ha tenido que rectificar este martes instando a los grupos a presentar sus enmiendas antes del 12 de julio.
La norma, que traspone una directiva comunitaria, busca agilizar el procedimiento judicial a seguir para el ejercicio de acciones colectivas por parte de las asociaciones de consumidores frente a conductas empresariales ilícitas, recogiendo medidas para eliminar barreras que han impedido que estas acciones, hasta la fecha, sean ejercidas de forma efectiva y masiva.
Además, regulará la habilitación de asociaciones de consumidores para que puedan ejercer las acciones colectivas y la creación de una Base de datos de entidades habilitadas para que la ciudadanía pueda acceder a esta información a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
PRIORIDAD A LOS JUICIOS VERBALES
En lo que respecta a la agilización del procedimiento judicial, entre las medidas que recoge el anteproyecto de ley, se prioriza el juicio verbal y se regula un mecanismo procesal ágil y con garantías para el ejercicio por parte de las asociaciones de las acciones colectivas de cesación (solicitar que una empresa cese una infracción) y de resarcimiento (solicitar la reparación del daño generado a los consumidores).
También es novedosa la regulación expresa de los acuerdos de resarcimiento, como alternativa para poner fin a la controversia, a los que pueden llegar las asociaciones con las empresas demandadas fuera del procedimiento y que pondrán fin al mismo.