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Los encargados de los órganos fiscalizadores de Cataluña y Asturias han desvinculado de la ‘trama Koldo’ a las administraciones públicas de sus respectivas comunidades, explicando que no encontraron indicios de irregularidades durante los contratos analizados de la pandemia del Covid-19.
Así se han expresado el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, Roberto Fernández Llera, y el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Miquel Salazar Canalda, en la comisión del Congreso que investiga los contratos de la pandemia.
En este contexto, los responsables de los órganos fiscalizadores en Cataluña y Asturias se han limitado a detallar los informes que realizaron durante la época de la pandemia, donde analizaron la contratación en las primeras olas del Covid-19 en sus respectivas comunidades.
Sin embargo, no han valorado la contratación en otras comunidades autónomas que sí que han podido estar relacionadas con la ‘trama Koldo’, incidiendo en los órganos de contratación de sus regiones y las conclusiones que realizaron en sus informes.
EL PP CREE QUE LES DA LA RAZÓN
Ante esto, tanto el diputado del PP José Vicente Marí como el portavoz de Vox Carlos Flores han desdeñado la citación de los diferentes órganos fiscalizadores autonómicos en esta comisión de investigación, porque cree que el foco está en las comunidades y los organismos afectados por el ‘caso Koldo’.
En ese sentido, el diputado del PP ha preguntado a ambos fiscalizadores si algunos de los contratos que ellos han analizado son fruto de investigación tanto en la Fiscalía de España como la de Europa, algo que los responsables de los órganos han negado.
«Nos da la razón, circunscribe los problemas a donde nosotros decimos que están los problemas», ha aseverado el diputado ‘popular’.
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión, Mercedes González, ha reivindicado las comparecencias de los representantes de las cámaras de cuentas de las comunidades autónomas como una manera de demostrar que el conjunto de las Administraciones contrató «bien» durante la pandemia y por tanto no hay «nada más» que una persona implicada en esta trama que es el exasesor socialista Koldo García y que ya ha sido detenida.
Una postura que el compareciente catalán ha querido matizar alegando que desde su posición de auditores solo pueden explicar aquello que han «visto», es decir, las «evidencias», a pesar que desde fuera se pueda pensar que es «extensivo».
EL FISCALIZADOR ASTURIANO
El responsable del fiscalizador asturiano ha precisado que el Principado comunicó hasta 524 contratos de emergencia durante la pandemia, de los cuáles ellos llegaron a examinar una muestra de 166 contratos.
Entre las conclusiones de sus informes de fiscalización, Roberto Fernández ha destacado que los incumplimientos no fueron generalizados y se limitaron solamente a unos expedientes de contratación concretos, que tal y como ha detallado fueron un porcentaje «muy reducido».
El fiscalizador asturiano ha continuado explicando que en el 22% de la muestra de los contratos analizados no se establece el plazo determinado de ejecución, mientras que en el 1% de estos contratos el inicio de la ejecución de la prestación tuvo lugar en un plazo superior a un mes, como establece la norma.
CONTRATOS ANALIZADOS POR TRIBUNAL DE CUENTAS
Además, en el 4% de los contratos examinados no constaba remitida el acta de recepción del contrato ni un informe equivalente, algo que fue motivo de análisis por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, aunque dichas diligencias posteriormente fueron archivadas.
El síndico del fiscalizador asturiano ha seguido detallando que en el 8% de los contratos, el acta de recepción se emitió fuera de plazo, mientras que en el 4% no se consideraba adecuada la tramitación de emergencia al entender que no tenía un carácter excepcional.
«En las unidades que no forman parte de la cuenta general, la totalidad de la contratación de emergencia a raíz de la COVID-19 se tramitó cumpliendo la norma, excepto por un solo contrato donde no quedó acreditada la excepcionalidad», ha sostenido.
EN CATALUÑA
En el caso de Cataluña, el órgano fiscalizador ha explicado que los contratos adjudicados por el procedimiento de urgencia fueron 6.114 expedientes, por un importe adjudicado de 704 millones. Los expedientes de suministros representaban el 73%.
Sin embargo, ellos fiscalizaron una muestra de 200 contratos que ascienden a la cifra de 400 millones de euros, ya que decidieron analizar los expedientes con una mayor cuantía. Lo que estudiaron fueron el objeto del contrato y la resolución de la adjudicación por emergencia.
Una de las principales conclusiones que emitieron fue que, pese a que la Ley de Contratos reconoce que la contratación se puede hacer verbalmente en situaciones de emergencia, recomendaron que esto no excluyera que posteriormente se pudiera formalizar el contrato por escrito.