«Uhh» se escuchaba en el recinto de Diputados cada vez que el tablero mostraba que otro artículo de la Ley Ómnibus había sido rechazado. Fueron siete placas rojas en total hasta que el miembro informante de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pidió el cuarto intermedio que terminó sellando el destino del proyecto: vuelve al plenario de comisiones, sin un plazo de nuevo tratamiento.
En el medio estallaron los señalamientos de «traidores» y reproches no solo entre el Ejecutivo y los gobernadores y diputados dialoguistas, sino también adentro de las bancadas, incluso de la oficialista libertaria. Una escalada en la tensión política de la que todavía no se conocen las consecuencias.
El presidente Javier Milei, desde Israel, no tardó en subirse al ring. «La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas«, tuiteó minutos después de la votación.
«Las fuerzas del cielo» prometieron hacer sonar el escarmiento. «La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios», señalaron desde la cuenta oficial del partido de Milei.
La vuelta del proyecto a comisión se da después de cuatro sesiones de debate e incluso luego de la aprobación en general de la ley por 144 votos a favor contra 109 rechazos el último viernes. Tras más de un mes de negociaciones, el proyecto original de 664 artículos, había quedado en poco más de 300.
Este martes, en el recinto solo se llegó a votar en particular hasta el artículo 6. Entre esos puntos, el Gobierno había llegado a aprobar 6 emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. En el camino ya habían quedado la fiscal, previsional, de defensa y social.
Sin embargo, al momento de aprobar las bases de esas facultades legislativas delegadas al Presidente -en el artículo 4- empezaron los traspiés al punto que la emergencia en seguridad, por ejemplo, quedó en una cuestión meramente «simbólica» o «declarativa», porque después el inciso que especificaba en que iba a consistir esa facultad («fortalecer la actuación de las fuerzas federales de seguridad» en distintos órdenes) fue rechazado. Una cáscara vacía.
Pero también le rechazaban al Presidente el poder para «regular y reordenar el sector energético» y para «modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios» que eran fondos clave para los gobernadores.
En este último punto hasta Carolina Píparo, aliada de LLA, votó en contra por una modificación que se había realizado a pedido de Nicolás Massot.
«Daban potestades sobre asignaciones para fondos fiduciarios y Massot propuso exceptuar a dos. Milei estaba enfáticamente en contra de ese tipo de discriminaciones positivas, o es para todos o para nadie», señalaron en su entorno.
«Los únicos que cumplimos la palabra fuimos los gobernadores y diputados del PRO», señaló un legislador amarillo.
Llegado el artículo 5 -el de la Reforma Administrativa del Estado- le rechazaron al Gobierno seis incisos y solo aprobaron uno: para implementar mejoras en la profesionalización de la carrera de agentes de la administración nacional. «Encima lo que quedó en pie es una boludez», se quejó ante Clarín un diputado libertario.
Los votos en contra venían de un sector de la UCR, una parte de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto; y parte de Innovación Federal, de los gobernadores de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones.
Encima se venía próximamente el debate del capítulo de privatizaciones, el que en el disenso, se sabía, era más generalizado.
«Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo…Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder hay que ganar», advirtió Pichetto.
Las dificultades en las negociaciones se vieron desde el día uno y tuvieron una primera cristalización en la firma del dictamen, cuando el proyecto oficialista se impuso con 55 firmas, pero 34 de ellas en disidencia, con diferencias en más de 100 artículos.
No se construyó confianza, la atomización opositora no ayudó y la tozudez oficialista tampoco. Siempre rondó la amenaza, atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, de que si no aprobaban las delegaciones o las privatizaciones como LLA exigía iban a retirar el proyecto. A todo o nada.
Hoy esa advertencia se concretó después del cuarto intermedio en el que los jefes de bloque se reunieron con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con Caputo. Hicieron una evaluación en la que consideraron que lo que había sido aprobado «ya no les servía».
«Ningún apuro. Siempre dijimos lo mismo. La ley como nosotros queremos o no hay ley«, señalaron desde el Ejecutivo. Incluso, consideran que no son ellos los que necesitan la ley para gobernar. «La ley soluciona los problemas de largo plazo, no hay apuro», señalan.
Pero el plus es que el oficialismo asegura que los bloques dialoguistas «no cumplieron su palabra». «Si los que habían dicho que sí votaban te votan en contra, imaginate el resto», señaló el jefe de bloque, Oscar Zago, para explicar la decisión.
Los bloques dialoguistas aseguran todo lo contrario: que gracias a ellos se había llegado hasta acá. «Nunca entendieron que nosotros no somos los responsables de juntarles a ellos los votos. Llegaron a la sesión sin los votos. Se los avisamos e hicimos todo lo posible, les dimos opciones pero la respuesta es ‘no’ a todo «, señaló un legislador clave de la negociación.
El último intento antes de la sesión había sido del ministro Luis Caputo, que llamó en persona a varios de los gobernadores y les pidió votar a favor. A cambio les dijo que él iba a encargarse de que de alguna manera le lleguen los fondos.
Los mandatarios venían denunciando que el proyecto era solo para salvar las cuentas nacionales y desfinanciar a las provincias. Por eso amenazaban con coparticipar el impuesto País.
Los gobernadores le pidieron que ese compromiso lo haga público, una señal concreta. «Porque si no es como el cuento del pastorcito mentiroso«, señaló un diputado del mandatario cordobés. Pero no ocurrió.