Con ver los números la conclusión salta a la vista. En 2020, las fiscalías porteñas recibieron 38 denuncias por estafas digitales; el año pasado se llegó a 4.360 causas judiciales abiertas. El salto estratosférico tiene una explicación: la pandemia y la cuarentena acostumbraron (u obligaron) a casi todos a utilizar más las operaciones financieras vía web. Transferencias electrónicas, billeteras digitales, pagos online con tarjeta: el movimiento de dinero virtual creció más rápido de lo previsto. En ese río revuelto pescan los ciberladrones.
El robo va desde las clonaciones de tarjetas de crédito hasta la sustracción de los datos bancarios mediante mails o mensajes de Whatsapp falsos que piden la información de manera engañosa, para luego vaciar las cuentas. Los delincuentes más profesionales ya están aprovechando hasta la inteligencia artificial.
Ante esta avalancha de denuncias, la Fiscalía General de la Ciudad lanzó este mes una Fiscalía Especial en Ciberdefraudaciones (FISEC). Está a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, cuenta con un equipo de 35 personas y el servicio directo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que cuenta con 228 especialistas que manejan todo tipo de recursos tecnológicos.
“Son bandas de delincuentes que antes cometían otro tipo de delitos y desde la pandemia se volcaron a las estafas digitales. Es como si hubieran hecho un posgrado en tecnología”, resume el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. “La idea de crear una fiscalía especializada es para unificar criterios de investigación y aprovechar mejor los recursos”, agrega.
En la Ciudad ya existen otras dos fiscalías especializadas en ciberdelitos, una más general y otra focalizada en uno de los delitos más expandidos y horribles: la pornografía infantil. Además, hay otra fiscalía especializada en Violencia de Género, por ejemplo.
En los allanamientos por ciberfraudes secuestraron teléfonos y otros dispositivos. Esta FISEC se ocupará puntualmente de los delitos que encuadren en los incisos 15 y 16 del artículo 173 del Código Penal, que plantea de “un mes a 6 años de prisión” para quien:
- Defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática.
- Defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos.
De acuerdo a la información estadística de la Fiscalía General, la mayor cantidad de ciberestafas cometidas el año pasado las sufrieron vecinos de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales), con un 15% del total de la Ciudad.
Víctimas de estafas que lograron recuperar su dinero
Aún sin la nueva fiscalía, el año pasado el Ministerio Público porteño avanzó con varios allanamientos y decomisos de computadoras, celulares y otros elementos usados para delinquir. En este sentido, lograron 29 audiencias de mediación en las cuales los imputados devolvieron a sus víctimas un equivalente a 36.825 dólares.
Resultados de uno de los allanamientos en una causa por ciberestafas.Además, hubo 36 suspensiones de juicio a prueba, en la que los acusados devolvieron más de 145.000 dólares a sus víctimas. En algunos casos se trató de bandas organizadas, con importantes estructuras y despliegues para la comisión de los delitos.
Para avanzar en las investigaciones, muchas veces la Fiscalía cuenta con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con quienes firmó un convenio de colaboración y que cotidianamente informan a los fiscales porteños sobre distintos delitos informáticos que son detectados desde EEUU Esto sucede particularmente con el tráfico de pornografía infantil y ha permitido numerosos allanamientos y detenciones, pero en los ciberfraudes también sirve: es que muchas organizaciones atacan a víctimas argentinas desde otros países.
Por eso, en estos tiempos se insiste tanto con la prevención, que consiste básicamente en nunca, bajo ningún punto de vista, dar a conocer los datos bancarios o de las tarjetas de crédito. Ni por mensajes de texto, Whatsapp, mails y ni siquiera telefónicamente.
También se recomienda no usar redes de wifi públicas para hacer transferencias u otras transacciones.