El fiscal Guillermo Marijuan habló este miércoles respecto a las denuncias contra los piqueteros y puntualmente se refirió a la causa que está en sus manos sobre las casi 3 mil pensiones universales para el adulto mayor (PUAM).
«Todo lo que tiene que ver con detenciones es algo del proceso penal y tiene que ser valorado en la circunstancia en particular. Pero son delitos sumamente graves«, afirmó en diálogo con radio La Red.
Además, les respondió a las argumentaciones de los dirigentes de las agrupaciones denunciadas, como el Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, quienes hablaron de «persecución política».
«Siempre vienen con esta argumentación, pero hay cientos de personas. Mi unidad tomó conocimiento a propósito de los llamados que no son inventos, hay gente que se la cita, pone el DNI y ratifican lo que dijeron», señaló. Y agregó que «tendrán que enfrentar las consecuencias».
Sin embargo, sostuvo que no señala a los líderes piqueteros como los responsables de estos casos de corrupción, pero sí señaló que la importancia de la «infinidad» de llamados a la línea 134 que tienen que ver con distintos movimientos sociales donde las personas denuncian que las obligan a hacer cosas que no corresponden.
Marijuan tiene a su cargo los casos de las personas mayores de 65 años que perciben el PUAM y que en la actualidad residen en el exterior y, de esta forma, incumplen con uno de los requisitos de acceso a ese beneficio social.
Las agrupaciones piqueteros en medio de la polémica por una serie de denuncias de corrupción. Foto Luciano Thieberger. Según contó, se tratan de 2954 personas que está certificado que residente en otro país y que cobran ese beneficio de «un Estado que está totalmente quebrado».
«Sabemos que no están en el país y cobran este beneficio y pedí la baja inmediata», afirmó respecto a los casi 3000 que perciben el PUAM.
Marijuan también sostuvo que hay otros 7500 casos «bajo observación» que es gente que entra y sale del país, que analizará con la ANSeS la situación y que adelantó también «podrían ser suspendidos».
El fiscal, además, se refirió a la posibilidad de indagar a funcionarias de otras gestiones respecto a estas irregularidades, que se detectaron a partir de las denuncias de la línea telefónica dipuesta por el Gobierno nacional desde diciembre.
«Se les va a preguntar a los funcionarios de ANSeS y organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber control mes a mes para determinar que las personas cobran el beneficio y se fueron del país, por qué hay gente que reside fuera del país», concluyó.