El chavismo está furioso con el Gobierno argentino porque le pasaron a factura por los costos de mantener el avión de Emtrasur retenido en Ezeiza en junio de 2022 con una tripulación de venezolanos e iraníes que finalmente fueron liberados por el juez Federico Villena sin que se supiera si tenían o no vínculos con el terrorismo como denunciaba una querella iniciada por la DAIA.
“Nos secuestraron el avión de EMTRASUR, violando todos los reglamentos vigentes que regulan a la aviación civil internacional. Nuestros pilotos y la tripulación fueron liberados, tras demostrarse que no existen pruebas contra ellos. Mantienen el avión retenido ilegalmente sin motivos y de paso, envían una notificación de cobro por el mes de estacionamiento de junio de 2022. ¡Cara de tabla! ¡Descarados!” tuiteó el ministro venezolano de Transportes Celestino Velásquez.
En su tuit adjuntó una copia del email en el que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (la EANA) le reclama al gobierno venezolano U$S 7.066. 20 por el mantenimiento del Boeing 747-300 que fue objeto de una campaña nacionalista de Nicolás Maduro en Venezuela contra el gobierno de Alberto Fernández.
Las palabras del ministro chavista se produjeron en el medio de una confusa situación en torno a la aeronave, que permanece secuestrada e incautada en el marco de una investigación que lleva adelante el juez Villena.
El juez federal de Lomas de Zamora no quiso responderle a Clarín los llamados este mediodía por una consulta a raíz de esa confusa situación entre diplomática y de seguridad.
Nos secuestraron el avión de EMTRASUR, violando todos los reglamentos vigentes que regulan a la aviación civil internacional. Nuestros pilotos y la tripulación fueron liberados, tras demostrarse que no existen pruebas contra ellos. Mantienen el avión retenido ilegalmente sin… pic.twitter.com/eKymIp53ve
— Ramón Celestino Velásquez Araguayán (@rvaraguayan) February 6, 2024
Ocurre que el magistrado, enfrentado a La Campora por el manejo en la Justicia durante la gestión de Fernandez había enviado a uno de sus secretarios del juzgado con un funcionario de la embajada de los Estados Unidos a ver la aeronave. Esto fue el 5 de febrero pasado y era parte de un procedimiento jurídico habitual y correcto.
Cuando se encontraban en el avión según supo Clarín, dos individuos comenzaron a sacarles fotos a los funcionarios de la embajada y al empleado de Villena. Pero la seguridad los increpó y las credenciales que llevaban esos dos individuos desconocidos no estaban autorizadas a estar en esa zona de Ezeiza. El funcionario de la embajada y el del juzgado sí lo estaban.
Uno de los individuos hablaba con acento caribeño. Se trataba de José Jesús Jatar Díaz, que figura como primer secretario de la embajada de Venezuela en la Argentina desde 2020. Clarín no pudo corroborar la información con el juzgado, que habría iniciado una investigación.
Hasta el momento la situación del avión es la siguiente. La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona,y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI), Diego Solernó, manifestaron que ya era procedente el pedido de decomiso del avión iraní-venezolano realizado por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los Estados Unidos de América.
Ahora falta el fallo de Villlena, que venía trabajando codo a codo con los agentes del FBI en lo que es el mantenimiento de la aeronave para que pueda volar a los Estados Unidos cuando sea finalmente enviada.
Ocurre que el ministerio de Justicia de Javier Milei ya le envió el pedido de la Justicia de Estados Unidos, que el ex viceministro de Justicia y hombre de Cristina Kirchner, Juan Martín Mena mantuvo bloqueado por su relación con el chavismo.
Entre tanto, las fuentes de los Estados Unidos consultadas no hicieron comentario alguno. Pero se sabe que Los Estados Unidos y Argentina tienen «una cooperación continua y de larga data en cuestiones de aplicación de la ley y judiciales». Y que «los jueces federales de ambos países han emitido órdenes finales con respecto al avión Emtrasur que alguna vez fue propiedad de entidades sancionadas de Venezuela e Irán».