El flamante titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, reveló que está investigando posible casos de conflictos de intereses dentro del gobierno de Javier Milei, como el del Subprocurador General del Tesoro y negó que exista un pacto de impunidad con Cristina Kirchner. Por otra parte, dijo que su organismo querellará en casos de corrupción si el Congreso le mantiene a su organismo esas facultades, tal como prevee el dictamen de mayoría para aprobar la ley ómnibus.
Melik dijo a Clarín que recibió pedidos del propio ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para que emita un dictamen sobre si hay incompatibilidades con la función o algunas decisiones que pueda tomar por su anterior rol de abogado particular.
Se trata de un tema sensible porque el gobierno de Milei tiene más empresarios y gerentes que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
La siguiente es una síntesis de la entrevista con Clarín:
-Como encontró la Oficina Anticorrupción, sobre todo después de que Félix Crous retiró a la oficina como querellante de las causas de corrupción contra el kirchnerismo y le bajó el perfil comparada con la gestión de Laura Alonso en el gobierno de Macri?
– Encontré una oficina, de manos de Verónica Gómez –la reemplazante de Crous- funcionando con personal capacitado aunque todavía hay algunas oficinas que cubrir. Por un lado, en cuanto a la cantidad de trabajo estoy haciendo un relevamiento de todas las denuncias que están en trámite. Hay un área de Investigación y Denuncias que es muy importante. La dinámica de trabajo es permanente. Estamos analizando todo lo recibido. También hay hechos nuevos que aparecen. Por otro lado, hay un área muy importante que tiene que ver con integridad, transparencia y conflicto de intereses. Como es un gobierno nuevo, hay muchas consultas tanto de propios funcionarios como terceros interesados. Esto es un aspecto muy delicado porque el conflicto de intereses hace a la transparencia e integridad de los funcionarios para las decisiones que tienen que abordar.
– ¿Alguien denunció por ejemplo al presidente de YPF, Carlos Marín, que viene de trabajar en Techint que abastece de tubos a la petrolera? La ley de Ética Pública dice que debían pasar tres años antes de que un empresario pase a la función pública en su misma área…
– No hubo consultas sobre el presidente de YPF así que no es un caso que estemos estudiando. La ley dice que si va a haber una decisión el funcionario en una cuestión que tenga que ver con algún interés anterior que haya representado o en este caso trabajado tiene que pasar un período de tres años. No tenemos consultas y el funcionario tampoco nos preguntó. Sin embargo, nosotros enviamos recomendaciones a los funcionarios sobre estos aspectos de conflictos de intereses. La OA es autoridad de aplicación de esta ley y queremos ser transparentes.
– ¿Algún funcionario del gobierno de Javier Milei hizo alguna consulta por alguna situación de incompatibilidad entre sus trabajados privados y ahora sus funciones en el Estado?
– Sí la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Procurador General del Tesoro Rodolfo Barra, entre otros.
– Los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto le solicitaron que se le requiera al subprocurador del Tesoro de la Nación, Andrés de la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra YPF del fondo Burford Capital porque habría sido abogado de la familia Eskenazi. ¿Qué resolvió?
– El caso del subprocurador del Tesoro efectivamente lo estamos analizando. La Coalición Cívica preguntó sí era compatible la designación de Andrés de La Cruz como subprocurador con sus anteriores trabajos en el sector privado. No preguntó si puede ser subprocurador, sino si puede intervenir en el juicio de YPF. Estamos en pleno análisis de este tema que merece un análisis profundo.
– ¿Qué objetivos tiene luego de un gobierno que le bajó el perfil a la OA o en otras palabras cuáles son sus tres principales objetivos para estos cuatro años cuando en los tribunales de Comodoro Py hay unas 100 causas por corrupción abiertas?
– Mi intención no es subir ni bajar el perfil de la OA, sino cumplir acabada y eficientemente con los fines que le impuso la ley. En las causas que están en trámite en tribunales, yo pedí un relevamiento. Con un propósito central saber que tratamiento lleva y en que etapa procesal están para saber si acertamos o nos equivocamos. Por otro lado, quiero que haya un equilibrio y efectuar investigaciones para combatir la corrupción sin distinción de ideologías. No quiero que la OA sea catalogada como un instrumento que beneficia a unos y perjudica a otros.
– ¿Circula una versión sobre un supuesto pacto de impunidad entre el gobierno de Javier Milei y la ex presidenta Cristina Kirhcner’
– No habrá ningún pacto de impunidad para nadie. Repito sin distinción de ideologías. Llegamos a investigar por denuncias de particulares, anónimos, organismos estatales etc. Toda denuncia va a ser investigada. Antes de asumir hablé con el ministro Cúneo Libarona y me dio total libertad de criterio para investigar todas las denuncias.
– El ministro de Justicia había propuesto en una entrevista quitarle la facultad de querellar a la OA porque, a su criterio, los gobiernos no puede querellar y se abrió una polémica con la oposición. Pero en el dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus se incluye esa función. ¿Cómo quedó finalmente la decisión sobre esa facultad?
– Actualmente, la OA tiene la facultad de querellar y mientras la ley no diga lo contrario seguiremos con esta facultad vigente. Esto es por ley y es la actual situación. Si la decisión del Congreso es esa seguiremos esa manda, si no acataremos lo que finalmente se resuelva. Si se mantiene la facultad, querellaremos a quienes consideremos que perjudicaron los intereses el Estado.
– ¿Comparte la idea del ministro de Justicia de que hubo una “guerra” usando la Oficina Anticorrupción en los tribunales entre el macrismo y el kirchnerismo?
-Yo llegué el 15 de diciembre a la Oficina Anticorrupción y no es mi función y no quiero ser intérprete de las opiniones del ministro.
– El artículo 36 de la Constitución Nacional dice que atentará contra la democracia cometa graves delitos contra el Estado. ¿Usted comparte el criterio de que la corrupción puede llegar a atentar contra la democracia y en otros que la corrupción mata como en la Tragedia de Once?
– La corrupción socava las bases de la democracia. Hay hechos que han sido muy graves y si comparto la idea que la corrupción mata como el caso que usted expuso. Es un hecho desgraciado y significa que el perjuicio contra el Estado ya ocurrió. Por eso tambien tenemos en la OA una dirección que habla sobre la prevención. La corrupción es un mal que atenta contra la democracia y combatirla hace que seamos mejor país.
– Usted habló de convocar a la sociedad civil representadas por fundaciones como Poder Ciudadano o Cippec, ¿las llamará a sumarse a políticas activas contra la corrupción?
– Si tengo previsto convocarlos a la brevedad porque, demás, el control ciudadano hace a la transparencia y la integridad de los funcionarios. Cuando más control hay sobre un funcionario es mejor para la democracia.
-Poder Ciudadano es parte de Transparencia Internacional que difunde todos los años un mapa de la corrupción mundial. El gobierno anterior lo subestimó. ¿Usted le va a dar importancia y lo usará como termómetro de la lucha contra la corrupción?
– No es mi espíritu subestimar ningun informe, ni ninguna institución que investigue la corrupción. La Argentina no puede caerse del mapa, sobre todo de ese.