Tras horas de incertidumbre, idas y vueltas, una delegación del Ejecutivo aterrizó en la tarde de este jueves en el Congreso encabezada por Karina Milei, y minutos más tarde llegó a los teléfonos de los diputados opositores una contrapropuesta para destrabar el capítulo de privatizaciones: bajan de 36 a 29 el listado de empresas y las segmentan en distintos artículos para facilitar su aprobación.
Como contó Clarín, el eje de las negociaciones giraba en torno al punto de las privatizaciones y facultades delegadas, caballitos de batalla en los que el Ejecutivo no quería ceder pero tiene altas chances de que se caigan en el recinto.
Si bien el oficialismo aceptó retirar del listado de 41 empresas a YPF y que no se privaticen al 100 % sino que se puedan volver mixtas otras empresas, como Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación, el acuerdo estaba lejos.
De las 36 restantes, el oficialismo propone en esta nueva versión un listado final de 29.
Retiran Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, Radio litoral, Servicio de radio y TV de la universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
Pero las principales, con las que el Ejecutivo hizo campaña, siguen. Entre ellas, Administración General de Puertos; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Aerolíneas Argentinas; Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos; y Télam.
Sin embargo, en vez de mantener un solo anexo con todo el listado. Lo divide en cuatro anexos, referenciados también en cuatro artículos distintos. Esto facilita la votación en el recinto porque quienes se oponen a la privatización de alguna empresa concreta podría, por ejemplo, votar a favor de uno de los artículos y rechazar otro.
La nueva propuesta establece que antes de llevar adelante una privatización la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, “deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos.
Dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral. En ese sentido, el nuevo texto especifica las facultades que tendrá esa Bicameral.