El Gobierno confirmó que enviará los pliegos» para completar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación». El máximo tribunal está integrado actualmente por cuatro ministros, de los cinco que ordena la ley. El candidato elegido es el actual juez federal porteño Ariel Lijo, uno de los referentes en el fuero de instrucción de Comodoro Py.
Mientras los trascendidos -y confirmaciones informales- crecían durante la mañana- el vocero presidencial Manuel Adorni admitió la información en la conferencia de prensa de este miércoles.
Ante la pregunta concreta de si iban a enviar el pliego de Lijo para integrar la Corte Suprema, el portavoz respondió que «en las próximas horas se va a emitir un comunicado» al respecto, y aclaró que «los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito: en las próximas horas estará publicado».
Adorni dejó abierta la puerta para que el anuncio de los postulantes contenga más de un nombre, lo que se explicaría por dos motivos: el primero, es que el ministro más veterano de la Corte, Juan Carlos Maqueda, cumple este año la edad límite de 75 años que establece la Constitución para los magistrados. Los jueces sólo pueden permanecer en sus escritorios después de esa edad si el gobierno vuelve a proponer su pliego al Senado para extender su labor.
También es posible que el anuncio inminente que haría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, incluya el candidato a Procurador General de la Nación, la jefatura de los fiscales que desde 2018 ejerce Eduardo Casal de modo interino.
Las especulaciones respecto a la postulación del juez Lijo crecieron en las últimas horas, cuando el diario La Nación se refirió al supuesto malestar que esa posibilidad causaría entre los actuales miembros de la Corte.
Aunque Lijo mantiene una histórica relación cercana con uno de los ministros, Ricardo Lorenzetti, en el máximo tribunal jamás se pronunciaron respecto de ningún posible nuevo integrante, sea quien fuere y propuesto por cualquier gobierno.
Si en el transcurso del día se oficializara la información que adelanta Clarín, las interpretaciones de la elección serán muchas. La primera y más evidente es que el gobierno intenta tomar la iniciativa en el campo judicial, por donde más temprano que tarde pasarán muchas de sus iniciativas y decisiones políticas y económicas.
Un paso más allá en ese mismo camino, podría intuirse un intento oficialista por «balancear» la actual mayoría estable en el máximo tribunal, con la incorporación de un nuevo ministro más afín a quien hoy está allí en franca minoría: Ricardo Lorenzetti.
¿Un «empate estratégico»?
Cuando el doctor Maqueda abandone la Corte, y si Lijo se suma a ella, el eje que actualmente componen los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda se vería menguado, frente a un posible frente compuesto por Lorenzetti y Lijo. Siguiendo ese juego que desde luego no es tan lineal, el máximo tribunal quedaría bajo un «empate estratégico» en dos votos. El nombre y perfil del quinto candidato, entonces sería clave para el futuro de la Corte y también del gobierno de Javier Milei.
Reiteramos: así como en la Corte ningún juez se manifestó jamás a favor o en contra de los posibles candidatos para sumarse al tribunal -uno de ellos se espantaba este miércoles ante la sola posibilidad de «degradar» al cuerpo con una operación política «suicida»- el juego de apologías y rechazos entre los ministros es relativo y hasta insignificante cuando todos tienen frente a sus ojos los casos y expedientes concretos.
Bajo ataque directo durante todos los gobiernos kirchneristas, y el extremo absurdo del intento de juicio político contra todos los ministros empujado el año pasado por los Cristina Kirchner, Juan Martín Mena y sus alfiles en el Congreso, la Corte está integrada por juristas solventes y sus sentencias han agradado y disgustado a todas las administraciones.
El partido se juega en el Senado
El anuncio de él o los candidatos a ocupar los despachos vacíos en el cuarto piso del palacio de Tribunales llevará las miradas a unas pocas cuadras de allí, a las mullidas alfombras del Senado de la Nación.
La Camara alta deberá aprobar con los votos de dos tercios de sus integrantes a cualquier candidato propuesto tanto para la Corte como para la Procuración General de la Nación: una cima política tan alta
que el gobierno de Alberto Fernandez ni siquiera intentó conquistarla durante sus cuatro años.
¿Estarían ahora las condiciones para reunir esa mayoría especial? La respuesta es negativa sin contar con la bendición de kirchnerismo: Cristina montó en el Senado su línea Maginot de legisladores especialmente fieles a ella justamente para operar sobre eventualidades como esta.
La exvicepresidente intentó por todos los medios -incluido el mentado juicio político- intervenir en la integración y dirección del máximo tribunal, que tendrá la última palabra en sus múltiples y radiactivas causas por corrupción en su contra. Sin ir más lejos, luego de una previsible confirmación de la sentencia en el caso Vialidad -por la que Cristina debería cumplir una pena de seis años de cárcel, que aún puede ser agravada- ese caso llegará a la Corte en algún momento de este mismo año.
En ese escenario, el nombre de Ariel Lijo es una luz roja, justamente porque proviene del edificio más aborrecido por la ciudad de Néstor Kirchner, ubicado en la avenida Comodoro Py 2002. Allí se investigaron y juzgaron todos los supuestos delitos cometidos por Cristina y sus exfuncionarios, varios de ellos condenados y hasta con esas condenas firmes, como su compañero de fórmula en 2011, Amado Boudou.
Aunque la lapicera de Lijo se movió a favor y en contra de Cristina en sucesivas causas, la bendición de su candidatura por parte del bloque K en el Senado sólo podría ocurrir si en ese campamento confiaran en una última conversión del juez en favor de sus intereses, y en su indiscutible influencia sobre sus colegas para sosegar las turbulentas páginas de muchos expedientes. ¿Será?
