La polémica propuesta del Gobierno de Javier Milei para que Raúl Lijo integre la Corte Suprema suma otra impugnación. El nuevo rechazo lo firmó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que también apuntó a la propuesta de Manuel García-Mansilla, denunció «discriminación estructural» y sostuvo que lo «razonable» es que una de las vacantes sea ocupada por una mujer.
A mediados de abril, el Gobierno de Milei oficializó la postulación de sus dos candidatos para convertirse en miembros de la Corte Suprema. Se trata del juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla. La más controvertida fue la nominación de Lijo, que suma numerosas impugnaciones, una de ellas presentada el jueves por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Este viernes, en tanto, recibió un nuevo rechazo.
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), a través de su presidenta Susana Medina y los abogados Susana Cayuso y Diego Hernán Armesto, reclamó que se abra «un nuevo proceso de selección» para que dos mujeres integren el tribunal, en lugar del procedimiento por el que el Ejecutivo elevó los nombres de Lijo y García-Mansilla.
El principal fundamento del rechazo tiene que ver con que el artículo 3 del Decreto 222/2023 establece que la designación de nuevos miembros debe, en la medida de lo posible, «reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal».
Así, según la organización, incluir a Lijo en el lugar que dejó vacante Highton de Nolasco en 2021, implica una «desnaturalización y distorsión del primer párrafo del artículo 3 del decreto 222/03, lo que impacta en los derechos de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones de idoneidad a los cargos vacantes sin ni siquiera habilitar la competencia», en tanto la organización reclamante considera que el puesto debería otorgársele a otra mujer.
«A la hora de cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco, lo razonable, y acorde con los estándares vigentes, debería ser la de proponer a una mujer de las tantas juristas sólidas e intachables con las que cuenta nuestro país», plantean en el escrito presentado.
En este sentido, la AMJA plantea además que la Constitución Nacional no habilita al Ejecutivo a designar indiscriminadamente a quienes el Presidente desee, sino que le impone determinados condicionamientos que no fueron tenidos en cuenta al designar a Lijo.
«La consecuencia de tal limitación en un proceso netamente político acota el concepto de discrecionalidad para formular la propuesta. Su incumplimiento deviene en manifiestamente arbitrario«, dice en su escrito la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.
Por otro lado, plantean también que el Decreto 222/2023 crea una gran incertidumbre acerca de los parámetros que debe tener en cuenta el Presidente a la hora de designar candidatos, ya que «no señala cómo o de qué manera el Sr. Presidente preselecciona a esos candidatos. Se observa al efecto que la norma resulta ser insuficiente y vaga para resguardar la equidad de género a la luz del bloque normativo señalado en el apartado anterior».
El plazo para las impugnaciones y las adhesiones a la nominación de Lijo y García-Mansilla vence este miércoles 8 de mayo.