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El pasado martes 4 de junio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República dio luz verde a un dictamen que establece un régimen para solicitar y otorgar concesiones mineras en áreas de minería artesanal y de pequeña minería en Madre de Dios
El proyecto, impulsado por el congresista Eduardo Salhuana, genera preocupación en el sector por el riesgo de favorecer a la minería ilegal, actividad que ha provocado en la región amazónica una grave crisis ambiental y de salud debido a sus impactos.
De acuerdo a especialistas en el tema, la medida permitiría a los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo 84% no cumple con los requisitos necesarios, tramitar concesiones en el departamento que enfrenta una grave crisis ambiental y de salud como impacto de la actividad ilícita.
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Sobre ello, César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, en una reciente entrevista con Perú 21, explicó que las concesiones solo deberían otorgarse en zonas permitidas, como el corredor minero, una extensa área delimitada por el Estado en Madre de Dios donde se promueve la pequeña minería y minería artesanal, aunque la falta de control permite que esta puede ser formal, informal, o ilegal.
Esto, de acuerdo al especialista, podría agravar los problemas ambientales, además de beneficiar desproporcionadamente a quienes ya operan en la región, que va perdiendo 18 mil 421 hectáreas de bosque como resultado de la minería aluvial ilegal, una superficie equivalente a la provincia constitucional del Callao.
“No todo lo que aparenta ser bueno, necesariamente resulta como se dice. Para mí, en la práctica, y por lo que hemos visto en Madre de Dios, es que aquellos que tienen una concesión terminan siendo tremendamente beneficiados porque invitan a terceros a trabajar en esas concesiones y les cobran por trabajar allá. Lo que vamos a ver es que aquí va a imperar el más fuerte y el que tiene la plata”, indicó.
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Asimismo, Ipenza expresó su desconfianza hacia los intereses detrás del proyecto promovido por el congresista Salhuana, quien actualmente afronta cuestionamientos por sus presuntos vínculos con la minería informal, que la Procuraduría General del Estado (PGE) ya solicitó investigar a la Fiscalía de la Nación.
“Viniendo del congresista Salhuana no esperaría ningún proyecto bien intencionado. No entiendo la pretensión de aprobar este proyecto. Uno no es tonto de creer en sus buenas intenciones, ya sabemos cómo utiliza su posición para beneficiar a grupos de gente que no necesariamente quiere hacer las cosas bien”, declaró César Ipenza a Perú 21.
Por su lado, el legislador de Alianza para el Progreso ha defendido su iniciativa asegurando que esta busca ordenar la actividad minera y establecer responsabilidades sociales, ambientales y tributarias. Además, argumentó que el sistema existente fomenta la minería ilegal al no asignar titularidades específicas a las áreas mineras.
“Es todo lo contrario. El sistema legal existente sí promueve la minería ilegal porque en esas áreas no hay titular; si un área no es de nadie ¿quién la cuida? Lo que vamos a hacer es darle título minero al minero que está trabajando, que está inscrito, que tiene su Igafom (Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal) y que va a ser totalmente identificable para pagar su impuesto a través de la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios”, aclaró Salhuana para el mismo diario.
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En ese mismo marco, los cuestionamientos también giran en torno al proceso legislativo para conseguir la aprobación del dictamen, pues, en octubre de 2023, la Comisión Permanente del Congreso devolvió el proyecto para su revisión, sugiriendo la consulta con el Ministerio del Ambiente (Minam) y otros sectores.
Sin embargo, el actual dictamen no tiene la aprobación de dicha cartera, lo que añade tensión sobre los posibles impactos de la minería en la conservación de los bosques y otros ecosistemas.