El matrimonio se refugió en un bar de Rosario junto a sus tres hijos. «No están siguiendo, nos quieren matar«, dijo alarmada la mujer, quien se escondió con su familia en el baño. Enseguida sospecharon de una cuestión de salud mental de la pareja y comenzaron una investigación. Se decidió allanar la casa donde estaban, con el objetivo de resguardar a los chicos, y todo terminó en un escándalo: hay siete policías imputados por robarles 76.900 dólares.
Este fin de semana se realizó la audiencia imputativa en la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Rosario. ¿Los delitos que les imputan a seis de los siete agentes? «Hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad y falsedad ideológica en calidad de coautores en concurso real«.
En tanto, la restante policía -que no participó del allanamiento- fue acusada por «encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por condición de funcionaria pública«.
La investigación está a cargo del fiscal José Luis Caterina y el juez Rodrigo Santana, quien les dictó la prisión preventiva a los únicos dos imputados que permanecen detenidos: una mujer -con arresto domiciliario- y el subjefe de la comisaría 15ta. de Rosario.
El hecho se registró el 14 de abril, a la 0.10, en una casa del barrio Nuestra Señora de la Guardia.
Según el Ministerio Público de la Acusación, la Policía irrumpió «al solo fin de resguardar a tres menores de edad que se encontraban» allí tras un llamado al 911 de que «un familiar del lugar podría estar armado bajo una crisis en sus facultades y el dueño de esa casa podría estar armado, según vecinos de la zona«.
Lo que sospechaban era que la pareja sufría un «delirio persecutorio» o «ideas paranoides» que ponían en peligro a sus hijos.
Los policías, además del robo del dinero, «insertaron declaraciones falsas en las actas labradas en relación a la medida, alterando o inventando datos de los testigos de actuación y omitiendo lo relativo a la búsqueda de dinero en efectivo -en moneda nacional o extranjera-, todo lo cual supuso un ejercicio abuso de su autoridad«.
En el allanamiento intervino la comisaría 15ta. y el Grupo Táctico Multipropósito (GTM), en este último caso para la irrupción. Los chicos -uno de 16 y dos menores de 10 años- se encontraban en buen estado de salud. Estaban también sus padres y sus abuelos paternos, dueños de la propiedad.
En el lugar se secuestraron dos revólveres y municiones, por lo que se inició una causa por la tenencia de estas armas contra el hombre de 80 años.
Los padres de los niños fueron examinados por la Guardia del Hospital Agudo Ávila, donde se advirtió «un discurso alterado» pero no se consideró que tuvieran criterio de internación, por lo que se determinó que «ambos iniciarían tratamiento ambulatorio».
Tras el operativo, se restituyó el auto del matrimonio a un familiar y el dinero hallado en su interior, que había sido abierto por el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.
Cuando desde la fiscalía se contactaron con la mujer que había quedado al cuidado de los menores (una tía), consultó sobre cuándo sería la devolución del dinero.
«Ya lo devolvieron», le contestaron sobre parte de los 7.900 dólares que tenía la pareja, producto de la venta de un auto. Sin embargo, ningún policía había dejado asentado que se habían llevado otros 69.000 dólares de la casa.
Esto dio origen a una nueva investigación de oficio para verificar la versión y se derivó con Asuntos Internos.
Una de las cuestiones extrañas del allanamiento fue que, en medio de la requisa, los policías taparon la puerta del comedor con un colchón, para impedir que vieran qué se llevaban de las habitaciones, ya que el dueño de casa aseguró que en una de ellas había mucho dinero.
Según La Capital, los dos policías detenidos utilizaron el dinero robado para comprarse una lancha que ambos eligieron en un astillero de la zona sur y la mujer, además, pagó el cumpleaños de 15 de su hija.
Cuando allanaron la casa del subcomisario, encontraron una escopeta Maverick 88, calibre 12 milímetros, sin permiso de tenencia legal.
Para los otros cinco agentes se dispuso la libertad bajo reglas de conducta por al menos dos años y el pago de una fianza de 500 mil pesos. Y también «la intervención, inmovilización e interdicción de las cuentas bancarias de los imputados«.