¿qué podría pasar con él y cuándo será el veredicto?

José Alperovich (69) fue tres veces gobernador de la provincia de Tucumán. Era senador cuando la denuncia en su contra por abuso sexual irrumpió en su carrera política y por estas horas espera su destino en una causa judicial que podía dejarlo en la cárcel. El juez Juan Ramón Ramos Padilla dará a conocer su veredicto el martes 18 de junio a las 13. Alperovich está acusado de nueve hechos de abuso sexual (tres tentativas y seis agravados): la fiscalía pidió 16 años de carcel y la querella 22.

La parte acusadora pidió que Alperovich, en caso de ser condenado, se vaya preso del tribunal de la calle Paraguay al 1500, sin esperar que la condena quede firme.

¿Podría el hombre más poderoso de Tucumán, el dirigente político con la declaración jurada más abultada del Congreso Nacional en 2021 salir esposado de la sala de audiencias?

Es una foto que, imponente, solo el juez Ramos Padilla sabe si ocurrirá.

El juicio oral empezó el 5 de febrero y la denunciante dio un relato pormenorizado de lo que vivió durante los 18 meses que trabajó con Alperovich. La joven, que tenía 27 años, cumplía funciones para el Ministerio de Gobierno de la provincia cuando pidió incorporarse al equipo de campaña que pretendía volver a llevar al ex caudillo tucumano de nuevo a la gobernación.

Del mismo espacio, la relación política con Juan Manzur era cada vez más tirante y estaba claro que buscaría disputarle la gobernación para recuperar el poder.

La joven quería dar sus primeros pasos en la política y terminó acercándose a un hombre de confianza para su familia. Su padre, un cirujano reconocido en la Tucumán, es el primo hermano de Alperovich. A su turno, durante el juicio, dijo que se «criaron juntos» y que compartieron la infancia. A pesar de que la familia de la denunciante no acompañaba la decisión, reconocieron alcanzar «tranquilidad» porque «José la iba a cuidar».

Cuando Alperovich ejerció su derecho a defenderse negó cualquier tipo de familiaridad con la joven. «Nunca me dijo tío y yo nunca le dije sobrina», aseveró varias veces en su declaración, que duró más de 8 horas.

Sin embargo no pudo explicar por qué, si acababa de conocerla, si no tenía un vínculo familiar con ella, rápidamente se convirtió en «integrante de la mesa chica», manejaba su agenda, su teléfono y «el presupuesto de la campaña».

En poco tiempo la joven adquirió un alto grado de responsabilidad. Todos los testigos reconocieron su gran capacidad para desempeñar la tarea. También su entusiasmo y sus habilidades. Aún así su crecimiento sorprendería para alguien nuevo en su equipo, pero todos lo adjudicaron a la familiaridad del vínculo.

Alperovich acostumbra trabajar con su familia. Su esposa, Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich es una fonoaudióloga y fue diputada y senadora nacional por Tucumán durante 10 años, entre 2005 y 2015. Igual su hija, Sara Alperovich, que tuvo cargos ejecutivos y legislativos en la provincia. Sus hijos están a cargo de las concesionarias y de los campos de la familia: Alperovich declaró 50 inmuebles en 2021.

Se trató de un hombre acostumbrado a repartir poder entre familiares, esa lógica se replicó en la denunciante.

La defensa de Alperovoch, encabezada por Augusto Garrido, del estudio jurídico de Cuneo Libarona (del actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona), intentó con astucia –y como ocurre en la mayoría de los casos que involucran a hombres con poder– «denostar a la víctima».

Durante su alegato, que duró casi nueve horas, no pudo dar más que indicios del presunto «complot» para «destruir» a su defendido, algo que repitió como eje durante todo el juicio. Incluso deslizó algo que Alperovich negó de manera contundente: habló de un posible consentimiento en el vínculo entre ellos.

El 3 de junio, en el noveno aniversario del Ni Una Menos, el ex senador y gobernador negó haber tenido relaciones sexuales con la denunciante, aunque durante algunos pasajes de su declaración fue ambiguo al respecto.

Durante la investigación, llevada adelante por la Fiscalía Nacional N° 10, a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la fiscalía especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, se dio por probado que Alperovich «utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses».

Los fiscales manifestaron la «relevancia de evaluar los distintos factores de la causa con perspectiva de género» y calificaron como «estado de cautividad» a lo que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar «condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física». El eje de la acusación estuvo centrado en describir que Alperovich, lentamente, se convirtió en el hombre más poderoso en la vida de la víctima: todo giraba a su alrededor.

El juicio giró alrededor de dos puntos: la clara violencia a la que era sometida la víctima, su relato desgarrador sobre escenas que vivió, la reafirmación de su relato a través de las pericias y de los testimonios de los testigos que vieron su deterioro físico y psicológico durante el tiempo que trabajó con Alperovich.

Y la hipótesis del complot que viró en distintas aristas. Primero al defensa se centró en hablar de una conspiración entre el diputado nacional Carlos Cisneros y David Mizrahi, un concejal que quedó afuera de la lista de Alperovich durante las elecciones de 2019. El acusado, después, hizo referencia a un presunto móvil económico y el pedido de 5 mil dólares para no hacer la denuncia. También de una venganza de la denunciante por no integrar la lista de candidatos a legisladores.

La defensa fue minuciosa. Se explayó sobre cada uno de los nueve hechos y sobre los puntos argumetnales de la defensa pero no está claro que sea suficiente.

El martes, después de seis meses de juicio y cinco años desde que se presentó la denuncia, Alperovich podría salir airoso, intentar reconstruir su carrera política y hasta arremeter contra la denunciante. También puede salir esposado de la sala de audiencias y hasta cumplir pena en una cárcel.

Por su edad y su estado de salud, Alperovich podría acceder a una morigeración y una prisión domiciliaria en caso de ser condenado. Incluso su abogado pidió que, en caso de recibir un veredicto condenatorio, no se haga lugar al pedido del fiscal Sandro Abraldes y de los querellantes Pablo Rovatti, Carolina Cymerman y Esteban Galli, que solicitaron la prisión preventiva antes de que la condena quede firme y la custodia policial hasta que se conozca la decisión final.

Ramos Padilla tendrá la última palabra.