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Mendoza
25 de julio de 2024
FM Del Condado
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Política

La Rioja acudió a la Corte para reclamar que el gobierno le envíe más 56.000 millones de pesos



Con la representación legal del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el exsenador Jorge Yoma, la provincia de La Rioja acudió a la Corte Suprema de Justicia para reclamar al gobierno nacional el pago de 56.300 millones de pesos más su actualización según el Índice de Precios al Consumidor, correspondientes a una supuesta deuda por coparticipación correspondiente a 2023 y 2024. Además, de ese monto pide a través de una medida cautelar que le sean embargados al gobierno nacional 9.300 millones de pesos.

La demanda abre otro capítulo en la conflictiva relación del gobernador Ricardo Quintela con el presidente Milei, que tuvo su última batalla en la controversia por el plan riojano de emitir una cuasimoneda para solventar los gastos corrientes que eran cubiertos con transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo.

Firmada por el mandatario provincial, la presentación exige que la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiera a La Rioja «9.300.000.000 debidamente actualizados por el Índice de precios al consumidor (IPC) previstos por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023, como así también, 47.000.000.000 debidamente actualizados por el IPC mediante el sistema de ‘goteo diario de fondos coparticipables’, o bien en doce cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024.»

El reclamo recuerda que en 1988 se sancionó la ley 23.548 mediante la cual se estableció el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la nación y las provincias, conocido como «coparticipación federal».

«En las negociaciones que precedieron a la sanción de la ley, que están reflejadas en los porcentajes receptados por el artículo 4, cada provincia estuvo representada por sus ministros de Hacienda o Gobierno. En dicha ocasión, la Provincia de la Rioja sufrió una injustificada reducción del porcentaje de un punto de coparticipación federal, la cual podría ser encuadrada en la categoría de ‘verdadero despojo’ al sustraerle casi el 50% de sus ingresos.»

Por eso, la Provincia promovió un reclamo que derivó en la creación del controvertido Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para atender las urgencias financieras de las provincias.

«El Estado Nacional, mediante la firma de un Acta Acuerdo, se comprometió a garantizar para la Provincia de la Rioja la suma de noventa millones de australes por año», que desde luego fueron creciendo y transformándose en otros montos y valores.

«Durante el gobierno del presidente Carlos Menem, la Provincia de la Rioja recibió por esta vía 250 millones de pesos por año. En el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, la partida se redujo a 189 millones de pesos por año, pero incluyó dicha asistencia en la ley de presupuesto. En el gobierno de Néstor Kirchner, la suma se actualizó a cuatrocientos cincuenta 450 millones de pesos al año», repasa el texto, cuya lectura atenta anticipa por dónde podrían avanzar tanto el reclamo riojano como el de otras provincias.

En su planteo ante la Corte, Quintela transcribe parte de la intervención del senador Eduardo Menem -padre el actual titular de la Cámara de Diputados- en la que se quejaba por aquella quita, y otra de Jorge Yoma en la Convención Constituyente de 1994 en idénticos términos.

Pero no es todo: el texto también cita a otro constituyente, nada menos que el actual titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien ahora debería votar respecto de la presentación de Quintela. En esa cita, Rosatti celebraba la ley de coparticipación y entendía que así como además se había creado el Fondo del Conurbano Bonaerense, otras provincias también deberían recibir dinero extra para atender situaciones específicas. El se refería a su provincia, Santa Fe, y la creciente problemática social en Rosario.

Yoma y Gil Domínguez repasan entonces las transferencias por coparticipación que La Rioja recibió entre 2012 y 2023, incluidas en los presupuestos nacionales de cada año, y aclaran que «desde 2018, la asignación específica compensatoria que debía recibir la Provincia de la Rioja, a través del mecanismo instaurado en 1988″ se fue reflejando en artículos específicos de cada presupuesto.

Ese prolegómeno desemboca en el reclamo actual: «de la totalidad de la suma asignada para el Ejercicio 2023, al 13 de diciembre de 2023, el Estado nacional solo remitió 35.500 millones de pesos, adeudando el remanente de 9.300 millones».

Quintela asegura que «dicho aporte tiene como objeto cubrir razonablemente el financiamiento imprescindible para el correcto funcionamiento de la Administración Pública y procurar la satisfacción de las necesidades primordiales de la población toda, más si tenemos en cuenta que la actual coyuntura económica-financiera que soporta el país impide que sean atendidas por el Tesoro de la Provincia que se nutre casi exclusivamente de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos que resultan insuficientes».

La presentación también incluye los intercambios de la provincia con el ministro del Interior y la jefatura de Gabinete nacional, según los cuales «se reconoce de forma implícita la indebida retención de fondos que pertenecen a la Provincia de La Rioja, y a la vez, manifiesta de forma expresa una tentativa inequívoca de utilizar dichos fondos a efectos de someter políticamente a la Provincia de La Rioja.»

Como en 2023, el Congreso no sancionó la ley de presupuesto para el Ejercicio 2024, «a la Provincia de la Rioja le corresponde la suma de 47.000 millones de pesos, asignada por el artículo 83 de la ley de presupuesto 27.701, debidamente actualizada a efectos de evitar, en términos reales, una disminución de la partida oportunamente asignada.» Ese otro número también es reclamado a la Corte.



Fuente Oficial