25 de julio de 2024
FM Del Condado
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Política

El gobernador de Santa Cruz denunció hechos de corrupción en la administración de Alicia Kirchner



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, radicó ante la justicia penal provincial un conjunto de denuncias contra presuntos hechos de corrupción cometidos durante la gestión de Alicia Kirchner. La Fiscalía de Estado pidió que se investigue el funcionamiento y la contratación de un grupo de Cooperativas de Trabajo por diversas inconsistencias, junto a la sospechas sobre un proveedor del Estado, donde se presumen posibles sobreprecios.

Tal como había revelado en una entrevista con Clarín, el gobernador santacruceño llevó a la justicia una serie de hechos irregulares detectados alrededor de un conjunto de cooperativas. Luego de treinta años de gestión kirchnerista, Claudio Vidal ordenó la realización de una auditoría del Estado.

Los primeros informes de ese trabajo arrojaron un conjunto de irregularidades que derivaron en las primeras denuncias penales que se formularon ante la justicia provincial.

El gobernador patagónico se encontró con poca solvencia en el manejo y la contratación de de 51 cooperativas. Fue el Fiscal de Estado, Ramiro Castillo, el responsable de ir este viernes a la justicia provincial apuntando a algunas de ellas.

La denuncia presentada -y a la que accedió Clarín– sostiene que de los datos recabados tras las auditorías realizadas, “surgen incompatibilidades de algunos de sus integrantes – que principalmente ocupan cargos de administración o fiscalización interna -, y a su vez son empleados del Estado Provincial en planta permanente; otros se han desempeñado como asesores de diputados provinciales, y algunos de ellos integran sociedades comerciales”.

El delito denunciado es el de presunto fraude a la administración pública en perjuicio del Estado.

La información que sustenta la presentación penal, fue suministrada por la Contaduría General de la Provincia de Santa Cruz, en el marco de un relevamiento de las Cooperativas de Trabajo contratadas por la provincia.

“En la práctica, pareciera ser que se ha desnaturalizado el funcionamiento que deben tener las cooperativas, como una organización genuina de trabajo entres sus asociados, transformándose en grandes organizaciones que, desvirtuando los principio del cooperativismo, son administradas por unos pocos, quienes se sirven de estas figuras legales asociativas en provecho propio”, expresa la denuncia.

El manoseo de las cooperativas

El modo de contratación en el marco de una cooperativa está previsto bajo un régimen de excepción, “el cual les facilita la oferta de sus servicios en favor del Estado, en vista de un desarrollo que debe ser naturalmente colectivo entre sus asociados, en tanto el Estado no fomenta su constitución para que luego terminen funcionando en beneficio económico de quienes las dirigen o controlan, o de terceros ajenos a las mismas”.

Éste último punto es el que no fue respetado en muchos ejemplos consignados en la denuncia penal, entiende la fiscalía de Estado.

Del informe efectuado por la Contaduría General de la Provincia surge que «existen anomalías, irregularidades e inconsistencias, en la ejecución y control de las contrataciones”, se indicó ante la justicia santacruceña.

Puntualmente, “se detectaron inconsistencias entre la cantidad de personas que debían ser afectadas para prestar servicios, con la nómina del personal que efectivamente lo hizo; como así también entre la cantidad de horas de trabajo mensuales contratadas, con las efectivamente prestadas”.

En otros casos, señala el texto judicializado, las auditorías arrojaron la “falsificación en la documentación que certifica los servicios prestados, emanada de los directores o responsables de los establecimientos escolares; como asimismo firmas posiblemente también adulteradas”.

Algunos ejemplos

La Cooperativa Cambiar el Rumbo estaría compuesta por 52 miembros, aunque mediante constatación con el sistema de la AFIP “surge que no estarían vinculados a la misma.

Además, detalla la denuncia, “manifestaron los asociados que las «autoridades» o «administradores» de la Cooperativa no trabajarían en la misma, pero si cobrarían una retribución mensual que sería superior a la que perciben los asociados; serían quienes les controlarían y modificarían las claves fiscales a sus integrantes, y manipularían cualquier cambio de manera discrecional”.

Por ejemplo: del Acta Constitutiva de dicha cooperativa surge que, entre sus socios figura como tesorero un abogado que trabaja en relación de dependencia del Estado Provincial desde el año 2021, “reviste Planta Permanente para el Ministerio de Producción Comercio e Industria, y se habría se desempeñado en la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz”.

El socio del abogado figura en la cooperativa, pero a su vez se señaló que son dueños de una SRL “dedicada a la exploración y explotación minera”.

No son los únicos casos. Otra persona integrante de la cooperativa “se desempeña en relación de dependencia del Estado Provincial desde el año 2003, reviste planta permanente para la Caja de Previsión Social”.

Otro de los casos señalados responde a otra mujer que figura como parte de la Cooperativa y se “habría desempeñado como Presidenta del Consejo de Administración; fue asesora de una diputada provincial, como así también secretaria de Prensa y Comunicación del Partido Justicialista, Distrito Santa Cruz”.

Junto a estas irregularidades, el gobierno santacruceño denunció que el domicilio declarado por parte de la Cooperativa “es desconocido por los integrantes”.

Uno de los aspectos que resalta la denuncia penal, es que este tipo de maniobras que se replica en varias cooperativas denota “la falta de transparencia en la distribución de los anticipos de retornos entre los asociados por las horas trabajadas mensualmente”.

En muchos casos -se relata en la presentación judicial- “los trabajadores desconocen por completo qué es lo que se les abona y qué conceptos se le deducen, ya que en sus liquidaciones no se realizaría ningún tipo de discriminación en relación a la cantidad de horas trabajadas, valor de la hora contratada, conceptos deducidos, etc.”.

“Consideramos que los hechos denunciados quedarían encasillados en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, la administración fraudulenta. Además, ante la constatación de personal del Estado que integraba algunas cooperativas, se señaló que se podría enmarcar en el delito de incumplimiento de deberes de su funciones.

La asunción del gobernador

La otra denuncia penal contra ex funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, “con motivo del acto de asunción del actual Gobernador, Claudio Vidal, y sus Ministros”.

En su presentación, la Fiscalía de Estado denunció una serie de “hechos irregulares, ejecutados por ex funcionarios del referido Ministerio, en el proceso de contratación de servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering que fueran utilizados para el acto de asunción de autoridades del nuevo gobierno”.

En la documentación adjuntada a la denuncia radicada en la justicia provincial, se reveló que el ministerio “contrató en forma directa, de manera discrecional y direccionada, a un mismo proveedor, quien intervino a través de dos nombres de fantasía “Ctrl+C” y “Dugstore Bajo Cero”, abonándosele la exorbitante suma de 69.127.800 pesos a pesar de que con antelación se habían presentado dos presupuestos de diferentes proveedores, por iguales servicios, por sumas que oscilaban los veinte millones de pesos.”

Los pagos denunciados incluyen 4,8 millones de pesos por 300 packs de agua mineral, “cuando en el mercado el valor de referencia oscilaba el 1,8 millón”, se expresó en el texto judicial.

La denuncia indica que el hecho debe ser investigado tras la suma de dinero comprometida “ya que triplican el valor de lo presupuestado por otros dos proveedores para el mismo servicio, lo cual revela la irregularidad, discrecionalidad, y falta de transparencia en las contrataciones; como así también el extraordinario sobre precio convenido por los ex funcionarios de dicho Ministerio, todo lo cual, denota una gravedad institucional de relevancia”.

La fiscalía de Estado puso bajo sospecha el vínculo de la anterior gestión con el proveedor en cuestión, ya que según la documentación analizada durante el 2023 “se contrató en reiteradas oportunidades a Sotomayor, en forma directa, para proveer al Estado de diferentes insumos, por monstruosas sumas millonarias; razón por la cual se ha tomado la decisión de auditar cada una de las mismas, a fin de cerciorase de que se hayan efectuado en el marco de la ley, y no existan sobreprecios en las sumas contratadas”.



Fuente Oficial