La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos contra piqueteros de distintos movimientos sociales que fueron acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Entre los dirigentes de los movimientos sociales más comprometidos, se encuentran integrantes de Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Además fueron citados a indagatoria.
Las medidas judiciales ocurrieron luego de varias de las denuncias que fueron recibidas a través de la línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y difundida en reiteradas oportunidades por el ministra Patricia Bullrich y el vocero Manuel Adorni.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, 27 allanamientos y dispuso que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.
Fuentes judiciales le confirmaron a Clarín que entre los acusados que serán indagados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero. Gustavo Vázquez, Elizabeth Palma, Giana Puppo, Cinthia Delgado, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Nilsa Torres, Leslie Castillo, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) quienes administraban comedores populares.
De acuerdo a las denuncias y a las investigaciones, dichos dirigentes sociales estarían acusados de 924 casos. En ellos “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’.
De los 27 allanamientos efectuados, quedaron 28 personas implicadas que deberán declarar. La mayoría de los lugares allanados son pertenecientes al Polo Obrero. Seis están vinculados con Rivadavia I; cinco en el barrio La Carbonilla; y hay otros en el barrio 1.11.14 y en Ciudadela.
En cuanto al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), hubo allanamientos en los domicilios sobre Arenales 2257; en Famatina 3314; en Schweitzer 550 (Belén de Escobar); en la manzana 1, casa 126 (Villa 21-24), y en Herrera 197, calle 8 de diciembre, también de la 21-24.
Del movimiento Barrios de Pie fueron allanadas la Manzana 21, casa 77 (Villa 20); Julio Casales 5948; Pieres 485; y manzana 22, casa 87.
Según informaron, las personas que fueron citadas a declarar habrían canalizado los fondos extorsivos a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero. Por ello, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de dichas personas y se les requerirá información sobre el patrimonio de cada uno de los implicados.
El 19 de diciembre del año pasado, el Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales puedan denunciar amenazas o aprietes de los dirigentes piqueteros. Los denunciantes ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para que concurran a las marchas o piquetes.
Con las denuncias quedó demostrado que muchos de los manifestantes no tenían concurrencia espontánea y que había fuertes extorsiones para que ello ocurra.
Se acreditó también que varios de los dirigentes vinculados desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente.
En los distintos allanamientos realizados por las fuerzas federales, fueron secuestrados millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.