21 bolsas en un sótano, 5329 fichas de fallecimiento y la triste historia de una familia que esperó 26 años a un hombre muerto

Mirta Susana Barrionuevo fue una madre adolescente. Tenía quince años cuando nació su primer hijo, Rubén Guillermo, el 8 de diciembre de 1964. Tenía diecisiete años cuando nació su segundo hijo, Jorge Ariel, el 24 de diciembre de 1967. El primero nació en Mar del Plata, fruto de una relación que terminó antes de que empezara. Se mudó a la casa de una tía en el norte del conurbano bonaerense. Era una joven con compromisos adultos: Guillermo se quedó con su bisabuela materna. En las islas del delta del Tigre vivía Jorge Domingo Anglada. Se enamoraron: nació el segundo hijo de ella, el primero de él. Eran jóvenes con compromisos adultos: a los seis meses, Ariel se quedó con su abuela materna. El padrastro le dio su apellido a Guillermo. Anglada fueron todos. Los cuatro ya vivieron y ya murieron.

Solo subsiste el recuerdo. La historia de una familia signada por la tragedia y la distancia, la geográfica y la temporal. Mirta tuvo dos hijos antes de que concluyera la escolaridad. Los hermanos vivieron separados en ciudades distintas, en hogares distintos, sin su mamá. A los catorce años, Ariel volvió a su casa. Guillermo no: nunca vivió bajo el mismo techo que sus padres biológicos. Su vida, su entorno, sus influencias estaban en Mar del Plata. El vínculo entre los hermanos era discreto. Una coincidencia los hermanaba: eligieron ser identificados por sus segundos nombres. Los unía el lazo sanguíneo, una conexión simbiótica, un nexo natural y atrofiado. En los encuentros esporádicos estimulaban el afecto. Los distanciaba la lejanía, la infrecuencia, los estilos de vida, los pensamientos personales.

Ariel sospechaba que Guillermo había acumulado resentimiento hacia él y hacia su madre. La hipótesis era simple: su madre, entre enfermedades superadas y el despertar de una vocación materna, volvió a vivir con uno de sus hijos, solo con uno. Guillermo podría haber parido un rencor, un desapego. Se crió sin un soporte materno, sin un sostén paterno. Vivió descarrilado. Cuando terminó la escuela secundaria, comenzó a desandar un rumbo pecaminoso. Era un renegado, un pendenciero. Merodeaba el hampa. El trabajo no lo congraciaba. Nunca presentó una pareja estable. Nunca confirmó la existencia de un hijo. Su familia intuye que, sin embargo, fue padre de más de uno. No era un santo. Todos intuían sus andanzas, sus conflictos morales.

Se enojaba fácil. Le gustaba pelear. Carecía de compasión: descargaba su cólera tan solo si lo miraban mal. No eligió bien los enemigos. La leyenda dice que en un boliche se peleó con un policía y casi lo mata. No le salió gratis la piña. Lo empezaron a perseguir, a amedrentar. Fue la raíz de su decadencia. Estaba marcado, repetía su familia. Un robo a un taxi que él negaba lo metió en la Unidad Penal N°15, el penal de Batán. Decía que le habían armado una causa en venganza. No estuvo preso solo esa vez. Su familia lo iba a ver a la cárcel. Invirtieron ahorros en pos de su bienestar: los perdieron.

Con los años, los hermanos habían edificado un cariño mutuo -aunque tímido- de compañía y confidencialidad. Guillermo gozaba del amparo y resguardo de su familia, que sabía que entre las drogas, las amistades y sus conflictos con la policía se había convertido en un irreverente. Había quienes le habían jurado venganza: lo querían “hacer boleta”. Lo traían en tren desde Mar del Plata para que huyera de cualquier embrollo en el que se hubiera metido. Guillermo escapaba para volver. Pero nunca huía del todo. Por eso en su familia siempre desatendieron la naturaleza de su desaparición: arrebatada, violenta, con su bisabuela esperándolo, presa de la incertidumbre y la desolación. Prefirieron pensar que algún día, cualquiera, curado de sus tramoyas y enredos, iba a reaparecer como si nada.

El 20 de diciembre de 1990, él y su bisabuela llegaron en tren a la ciudad de Buenos Aires desde Mar del Plata. Iban a pasar las fiestas en la casa de los Anglada en San Fernando. El mito familiar respeta el cliché de las desapariciones de cuentos: Guillermo se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Le había pedido plata a su bisabuela antes de que se detuviera el tren. Cuando se bajó en la estación de Constitución, le pidió que la esperara en el andén. “Pasaron dos horas y como no regresaba llamó a un tío mío para pedirle ayuda. Él se fue para allá pero nunca lo encontraron”, contó Ariel, hace cuatro años.

Las horas se convirtieron en días, en meses, en años. Guillermo había desaparecido. Inmediatamente, la bisabuela, la abuela y Ariel comenzaron una búsqueda clandestina. Recorrieron hospitales en Mar del Plata, visitaron los lugares que frecuentaba. En la desesperanza, Ariel hasta había propuesto ir al programa Gente que busca gente, conducido por Franco Bagnato. Nunca hicieron la denuncia, nunca presentaron un hábeas corpus. Tenían prohibido alertar a las autoridades por expreso pedido de Mirta, que incluso se había negado a participar de la investigación familiar. “No quería que lo buscaran. Pensaba que él había desaparecido voluntariamente porque se había mandado alguna y no quería que la policía lo encontrara primero”, recuerda Silvia, su cuñada, esposa de Ariel.

Ella lo conoció en un encuentro casual en 1989, un año antes de que Guillermo se desvaneciera del plano físico. Nunca más supieron algo de él. Lo que siguió fue silencio y meros trascendidos que producían una luz tenue de esperanza. Un primo creyó haberlo visto en Paraguay. Un amigo de un conocido lo adivinó en Entre Ríos. Ninguna pista simulaba validez. Guillermo era un tabú, un tema incómodo en la entraña familiar. Su vida había abierto un paréntesis. Les resultaba extraño que no quisiera comunicarse por carta o teléfono con su mamá, que siempre vivió en la misma casa. El paso del tiempo criaba un sentimiento de resignación. La bisabuela, la abuela y la mamá murieron esperándolo llegar. Jorge y su tía Graciela aún conservaban el resquicio de esperanza de un reencuentro. Creían que tal vez de viejo, liberado de sus embrollos, regresaría para cerrar el paréntesis.

La respuesta llegó por teléfono en el otoño de 2016. Guillermo llevaba 26 años desaparecido. Ariel llevaba más de la mitad de su vida esperando. A los 49 años, trabajaba en la guardería de lanchas de un club náutico de San Fernando. El teléfono sonó en su casa. Atendió Silvia. Eran de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), un organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. “Me dijeron que querían hablar con mi esposo, que buscaban gente desaparecida, que querían hablar con él sobre Guillermo Anglada. Le dije que no estaba, que me lo dijeran a mí porque él ya estaba muy enfermo y quería saber cómo se lo decía”, repasa. Le contaron que Guillermo había muerto el 24 de diciembre de 1990 -el día que su hermano cumplía 23 años-, que su cuerpo sin vida había sido hallado en la estación de Temperley y enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, que había tenido un accidente ferroviario, que tenían documentos que lo atestiguaban.

Silvia habló con sus compañeros de trabajo para que le dijeran que había nueva información sobre su hermano, para que lo fueran ablandando,. Lo dejaron irse antes. Cuando llegó a su casa, ansioso y angustiado, lo recibió su esposa: “Lo senté y le dije: ‘encontraron algo de tu hermano y aparentemente no está vivo’. Él ya se lo imaginaba pero igual se puso muy mal”. Ariel se desmoronó. Estuvo una semana en cama. Tuvieron que ir al hospital para que tratara un agravamiento de su enfermedad: diabetes.

Silvia también se encargó de darle la noticia a Graciela, quien vivió cerca de él, quien padeció sus desatinos, a quien, por más que intuyera que podía terminar como terminó, la incertidumbre le habilitaba un resquicio de esperanza. Cuando la llamó, estaba en el colectivo. Le dijo que cuando llegara a su casa que la llamara. “Le conté que habían encontrado el cadáver de Guillermo y que databa de hace 24 años. Se derrumbó -relata-. Era todos los días llamarla para ver cómo estaba y escucharla llorar y llorar”.

A Ariel lo volvieron a llamar a los diez días. Lo citaron para entregarle el acta de defunción con el resto de la documentación. Lloró con la desolación de un niño. Sintió agradecimiento mientras experimentaba una extraña sensación de culpa por no haber denunciado su ausencia. Había psicólogos, médicos, abogados, jueces. Lo contuvieron. Lo acompañó su esposa. Ella recuerda que los atendieron bien, que cuidaron cada palabra que le dijeron, que fueron condescendientes con su dolor: “Ahí él cerró la historia. No había más dónde buscar. No tenía que esperar nada más. Le costó entenderlo, pero cuando tuvo los papeles en la mano supo que había terminado la búsqueda”.

La verdad no fue amena con Ariel, no le devolvió sosiego. Silvia identifica ese tormento como el botón que aceleró su final. Lo que pudo haber sido un remanso fue el desencadenante de su deterioro físico. La diabetes lo empeoró: le tomó el páncreas, el hígado y finalmente el corazón. Murió el 21 de marzo de 2021 a los 54 años. Graciela, su tía, aún hoy lo llora.

Si Ariel supo que su hermano Guillermo había muerto cuatro días después de que desapareciera y estaba enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora fue porque en 2013 la organización no gubernamental Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), creada un año antes, se preocupó en buscar personas desaparecidas. Eran -son- ocho mujeres profesionales de las ciencias sociales (antropólogas, arqueólogas, licenciadas en ciencias políticas y ciencias de la comunicación) que deseaban asignarle un marco teórico a la problemática de la trata de personas, alcanzar un registro cuantitativo y cualitativo. Asociaban las desapariciones físicas al comercio ilegal de personas con fines de esclavitud y explotación. Esa era su premisa.

“Primero debíamos saber cuántas personas estaban desaparecidas o estaban siendo buscadas a nivel general en Argentina. No había en el país hasta ese momento ningún registro unificado que permitiera conocer cuántas personas estaban siendo buscadas”, respondieron desde el colectivo. La estimación, fruto de un consenso y no de un registro exacto, es de diez mil personas desaparecidas. En la asociación civil sospechaban que muchas de esas desapariciones obedecían a delitos de trata, explotación sexual, violencia de género. Para buscar respuestas tocaron las puertas de Protex.

Querían crear el primer padrón de personas desaparecidas en democracia de todo el país. Debían, para ello, establecer una base de datos con las huellas digitales de personas fallecidas y enterradas como NN para matchear las identificaciones. En octubre de 2013 se inauguraron las actuaciones caratuladas “Búsqueda de Personas ACCT” bajo el expediente 1153/13, sujeto al artículo 26 de la ley 24.946 y la resolución PGN 121/06. La acción, conjunta y articulada entre el colectivo y la procuraduría, se denominó “Identificación de personas desaparecidas por el delito de trata de personas y otros fenómenos”.

“El objetivo -dicen en Protex- radicó en unificar y cotejar dos conjuntos de datos que actualmente existen por separado y cuya comparación podría resultar útil para el hallazgo de víctimas de trata de personas u otra modalidad delictiva que se encuentran desaparecidas. Se pretendió entonces confrontar las denuncias de desaparecidos/as, ausencias de domicilio, con los registros de personas NN que se encuentren registrados como aparecidos NN en las fuerzas policiales, hospitales, psiquiátricos, institutos de menores, optimizando la información de organismos públicos ya recolectada, entrecruzarla e imprimirle un saber específico que es el de la antropología para lograr la identificación de personas”.

“En el transcurso de los años fuimos vislumbrando que la complejidad y la dinámica de la trata de personas también debían ser leídas en diálogo con los procesos políticos y sociales que se encuentran en constante transformación. Comprendimos que las violencias actuales albergan una multiplicidad de fenómenos y prácticas, y si bien la trata de personas es una de ellas, sus límites han probado ser mucho más difusos de lo que pensábamos en 2012″, relatan desde la ex ACCT, redenominada en 2018 Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV), dado que interpretaron que debían evolucionar la mirada, profesionalizar sus metodologías de intervención y aportar una mirada feminista en los procesos de investigación.

Desde la procuraduría libraron innumerables oficios: desde las Secretarías de Derechos Humanos y a las divisiones policiales de las distintas provincias hasta las organizaciones Missing Children Argentina y Red Solidaria. Pedían que le suministraran de todas las denuncias relacionadas con personas desaparecidas, extraviadas, ausentadas de sus domicilios. Llegaron a contabilizar 6040 personas desaparecidas según la constatación, corrección y recolección de información. Mientras la ONG conformaba un relevamiento desagregada por provincia y municipios de cadáveres inhumados sin identificar, la Protex le solicitaba, en enero de 2015, a la Dirección del Registro Nacional de las Personas (Renaper) una autorización para acceder a todas las fichas de cadáveres NN que se encontraban en reserva en un sótano dentro del organismo.

Se lo concedieron dos meses después. En un depósito del edificio había 21 bolsas de rafia con avisos de fallecimiento denominados formularios 24, pertenecientes al período de 1979 a 2014 que acumulaban numerosos lotes con sus respectivas fichas, provenientes de todo el país. Se conformó un equipo interdisciplinario con miembros del equipo argentino de antropología forense, con voluntarias del colectivo, con personal del Ministerio de Seguridad. Se pasaron un mes separando, una por una, las fichas con anuncios de muertes de NN.

“En ese momento no pensábamos en la identificación propiamente dicha -acredita Marcos Parera, secretario de Protex-. Teníamos la meta de acumular la mayor cantidad de información posible, en el entendimiento de que era un trabajo que nunca se había hecho en democracia. Nuestra intención era hacernos de esa información, que sabíamos que era sumamente valiosa e indispensable para el proyecto, antes de que se perdiera, destruyera, o de alguna manera ya no fuera accesible para nosotros”.

Era en el subsuelo del Renaper, en esas bolsas pesadas y en esos papeles húmedos donde iban a encontrar lo que estaban buscando. “Si bien sabíamos qué pasos teníamos por delante en materia de cotejos dactiloscópicos, íbamos paso a paso. Nos enfocábamos en lo que podíamos controlar en ese momento, y en realizar la tarea de la manera más profesional posible. Procurando que la selección de los casos y las digitalizaciones fueran efectuadas de manera correcta, garantizando el seguro almacenamiento de los datos. Sin embargo, nos decepcionó profundamente el estado en el que se encontraba la documentación. Especialmente porque debido al ingreso de humedad en muchas de las bolsas, numerosos avisos de fallecimiento no pudieron ser analizados por el estado de putrefacción en el que se hallaban”, lamenta Parera.

Relevaron 5329 fichas de fallecimiento, de los cuales 3015 tenían las huellas dactilares. Del total de avisos de fallecimiento encontrados en el Renaper, se lograron 919 identificaciones positivas: el 30,48 por ciento. Allí, por ejemplo, estaba la ficha con la huella dactilar de Rubén Guillermo Anglada, que fue cotejada con los legajos de identidad de la Policía Federal Argentina. Por una solicitud de cédula de identidad duplicada por extravío, pudieron darle nombre y apellido al cadáver hallado con NN en el cementerio de Lomas de Zamora. La información de su ficha precisaba que había muerto atropellado por un tren. Es curioso: de los 3015 expedientes que disponían de las huellas dactilares, 233 habían sido víctimas de un accidente ferroviario. Es la segunda causa de muerte más repetida por detrás del genérico homicidio, con 611 casos. La tasa refuerza la sugestión de la familia Anglada, que nunca creyó la teoría del tren que mató a Guillermo.

Hubo, en este proceso de identificación de cadáveres anónimos, múltiples desafíos. “La calidad de la información que se envió de las provincias fue muy disímil entre sí, los criterios y los registros en cada dependencia no tenían ningún tipo de unificación o protocolo común”, relatan con pena desde la asociación civil. “Llaman la atención los casos en los que se pudo determinar que el tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo fue menor a diez días, pero su identificación se produjo meses e incluso años después. Es decir que aún con intervención de una institución, por ejemplo policial o fiscalía, fueron enterrados como NN”, apuntan. Asimismo, hallaron identificaciones fallidas que causaron profunda decepción: las huellas plasmadas en el aviso no coincidían con la persona fallecida, sino que se especula que pertenecían a quienes intervinieron en el hallazgo del cuerpo o en la administración de la ficha, eventuales empleados de funerarias, morgues, médicos.

Hubo, también, preguntas que se abrieron. Del total de fichas relevadas, 3615 correspondían a varones, 930 a mujeres y 784 no daban el dato. Descubrieron ciertas discrepancias entre las denuncias de desaparición y los cuerpos inhumados en cementerios como NN. “Existen muchísimas denuncias de desaparición; específicamente de mujeres, pero la mayoría de las inhumaciones NN son de varones, lo que nos lleva a preguntar ¿dónde se encuentran estas mujeres denunciadas como desaparecidas?”, indagan desde la CIAV.

La propia dinámica del trabajo colaboró en sembrar una teoría y a establecer una de sus principales líneas metodológicas: “¿Es posible que estas mujeres se encuentren fallecidas pero que sus cuerpos se encuentren inhumados de manera clandestina por fuera de las instituciones estatales como los cementerios? Con el tiempo también pudimos dar cuenta, sobre todo tras incorporar a nuestro trabajo la intervención en causas judiciales sobre desapariciones, que esta hipótesis se sostiene y se puede aplicar en las investigaciones de femicidio(s) ya que muchas veces, los cuerpos de las mujeres asesinadas son descartados en descampados, basureros, etc”.

Para Marcos Parera “lo significativo es que las huellas que aún no han dado resultado positivo, se encuentran digitalizadas y susceptibles de seguir siendo objeto de entrecruces futuros”. Para la CIAV, la conclusión es más ambigua. Sienten orgullo en haber permitido a muchas familias cerrar una historia y entienden que contribuyeron a dar visibilidad a un fenómeno que hasta entonces carecía de importancia. “Sin embargo -advierten-, no creemos que se haya modificado en profundidad el sistema, muchas de las deficiencias que diagnosticamos al inicio de nuestro trabajo en relación a la investigación en torno a la desaparición de una persona aún continúan vigentes. Esto requiere voluntad política de las instituciones en todo el país y revertir lo que en muchos casos notamos como desidia (o cuerpos que no importan)”.

Seguir leyendo: