Política

Negociados en el INDER y la polémica gestión de Alberto Fernández al frente de la superintendencia de Seguros

todaymarzo 1, 2024

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El ex presidente Alberto Fernández fue superintendente de Seguros de la Nación con el ex presidente Carlos Menem, conoce en profundidad el submundo de los seguros y reaseguros y estuvo en el medio del frustrado intento de liquidar el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), uno de los nudos de la corrupción en Argentina.

Luego de su gestión en ese organismo estratégico en los noventa varios de sus colaboradores terminaron procesados -aunque finalmente fueron sobreseídos- por irregularidades y ese paso por la administración pública y hasta provocó la censura de una nota del periodista Julio Nudler en Página 12.

Entre 1989 y 1995, Alberto fue superintendente de Seguros de la Nación, tras tener un cargo menor en el ministerio de Economía de la gestión de Raúl Alfonsín.

Ejerció la jefatura de ese organismo que debe controlar el mercado del seguro hasta seis meses antes de la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo el 26 de julio de 1996 por sus peleas con Menem.

Durante ese período Alberto fue, además, presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina entre 1989 y 1992, cofundador de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y experto en Seguros del ALADI.

Cavallo intentó privatizar el INDER pero el Congreso lo rechazó y entonces decidió su intervención para liquidarlo. En el proceso nombró a Roberto Guzmán como interventor. Pero el economista de la fundación Mediterránea conocido por su hiper honestidad, no podía liquidarlo porque se habían generado supuestas nuevas deudas del INDER con compañías de seguro privadas.

Entonces, Cavallo contrató al ex fiscal Luis Moreno Ocampo y su socio Hugo Wortman Jofré para que investigar la corrupción interna. Al principio, “Alberto era esquivo” en la investigación interna, contaron a Clarín fuentes judiciales. Además, una de sus hermanas era asesora legal del INDER que -por otra parte- era una “caja de la político” con un directorio integrado por ocho políticos y funcionarios.

Pero meses después, Alberto “colaboró” con Moreno Ocampo y Wortam y se hizo una denuncia penal contra esas empresas ante el juez Jorge Urso, quien luego de varias idas y vueltas terminó, con los años, permitiendo el sobreseimiento de los imputados.

Sin embargo, Cavallo siguió apoyando a Roberto Guzmán y hasta le prologó su libro titulado “Saqueo Asegurado, la corrupción en el negocio de los seguros y el caso Salta” publicado en 1997.

En esa introducción, el ex ministro afirma que el INDER fue “uno de los organismos más invadidos por la corrupción y los negociados de la Argentina hiper regulada”. Aseguró que tras dos años de funcionamiento de una Comisión Liquidadora del INDER -antes de la gestión de Guzmán- “la deuda aparente del organismos se había cuadriplicado”. Guzmán fue liquidador del INDER entre 1994 y 1996.

Contó que Guzmán “perplejo nos manifiesta (en 1996) su asombro por el estancamiento de causas judiciales abarrotadas de pruebas condenatorias, suficientes como para tener tras las rejas a un buen número de funcionarios, lobbistas y personales públicos de gran renombre”.

Guzman revela con detalles cómo funcionaba la “industria del juicio” contra el INDER y pone como ejemplo un choque automovilístico producido en La Rioja en 1983, donde la víctima cobró 14 mil dólares y los abogados y peritos -vinculados a un funcionario menemista- que intervinieron terminaron cobrando 1.400.000 dólares.

En 2004, el fallecido periodista Julio Nudler, intentó publicar en Página 12 la nota titulada “Títeres y Titiriteros” por el nombramiento de Claudio Moroni en la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El diario K no le permitió hacerlo porque describía una supuesta “red de negocios” entre Moroni y Alberto Fernández cuando ambos eran números uno y dos en la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Según Nudler –quien denunció censura del diario oficialista y fue duramente criticado por el periodista K Horacio Verbitsky-, éstos presionaron entre 1994 y 1996 a Guzmán, para que “reconociera una deuda con el sector de los seguros de 1.200 millones de dólares, cuando luego el propio Guzmán demostró que apenas era de 500 millones”.

La nota se relacionada, también, con el llamado “Caso Intelisano”.

Juan Intelisano era funcionario en el ministerio de Economía y fue procesado por haber autorizado un pago de $ 54 millones a un grupo de aseguradoras que le habían reclamado esa cifra a la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros que fue privatizada en los 90.

Intelisano, que era subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, liberó esos millones en 2007 y por eso fue procesado en junio de 2010 por el entonces juez federal y actual miembro de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires Sergio Torres junto a otros ex funcionarios y a los empresarios que participaron de la maniobra.

Hay otras causas donde se investigó la gestión de Alberto y sus colaboradores al frente de esa superintendencia. En 2017, por ejemplo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a Claudio Moroni por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la falta de control del supuesto vaciamiento de la empresa Sudamérica Compañía de Seguros de Vida Patrimoniales S.A (SAVIDA).

En la causa que tenía Canicoba Corral había varias compañías de seguros bajo investigación en expedientes por separado. Lo que se investiga en cada caso es el supuesto vaciamiento de las firmas por medio de la creación de compañías paralelas del mismo grupo a las que se transfería la cartera de asegurados, pero no los siniestros. La consecuencia fue que los centenares de asegurados que sufrieron accidentes quedaron sin el respaldo de la firma original. Moroni terminó siendo sobreseído.

Y ahora, siete años después, Alberto Fernández vuelve a ser investigado por un causa de corrupción en el mundo de los seguros por haber, supuestamente, alentado la introducción de intermediarios en la toma de seguros por parte del Estado durante su gestión presidencial.

En forma paradójica, el INDER -un caso emblemático de corrupción en el mundo de los seguros y tras la muerte de Guzmán- 30 años después “aún no pudo terminar de ser liquidado”, contó la fuente judicial con resignación.



Fuente Oficial

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