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la celebración de la ministra

todayfebrero 21, 2024 1

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La Cámara Federal porteña resolvió que la causa que cuestionaba la legalidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que tramitaba en el juzgado federal de Sebastián Casanello, pase a la justicia penal ordinaria.

Lo resuelto por el camarista Eduardo Farah coincide con un planteo de la ministra de Seguridad de la Nación, que sostuvo que el magistrado era incompetente para intervenir en el caso. «El protocolo del orden gana en la Justicia y sigue vigente», exclamó la funcionaria en sus redes.

Casanello había sido sorteado para analizar una presentación realizada por la diputada porteña Celeste Fierro (MST en el Frente de Izquierda Unidad) junto a la apoderada partidaria, Mariana Chiacchio.

La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, en los tribunales federales del bario porteño Retiro.

La convocatoria estaba prevista para las 11 y, poco antes, el juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por «incompetencia» a Casanello.

Ante esta situación, ese trámite que había comenzado el miércoles pasado con un primer encuentro, quedó sin efecto, luego de que expusieron durante horas en la primera audiencia los legisladores de izquierda que presentaron la demanda y funcionarios del Ministerio, ante el magistrado y la fiscal del caso Paloma Ochoa.

Casanello rechazó un planteo de incompetencia hecho luego por el Ministerio, que apeló y obtuvo ahora fallo favorable en la Cámara.

A la primera audiencia había asistido la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, quien defendió la aplicación del Protocolo, ante el juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST, FIT-U) quien presentó la demanda, además de sus respectivos asesores legales.

La semana pasada y de manera posterior a la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.

Ahora el juez Farah lo apartó del caso y resolvió que vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio.

En caso de que este juzgado no acepte encargarse del caso, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes del ministerio de Seguridad precisaron que la Cámara le reprochó también a Casanello que «haya dado trámite de hábeas corpus a algo que no correspondía y después llevar a cabo una serie de procedimientos y demoras que no eran propias del hábeas corpus».

Luego de la decisión de la Cámara Federal porteña, Bullrich se volcó a sus redes sociales para celebrar el fallo y advirtió: «Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó».

En contrapartida, la denunciante María Celeste Fierro se pronunció en contra de la decisión. «Esto es un escándalo judicial y es una muestra de que el Gobierno está muy preocupado«, expresó en su cuenta de X.

«No quieren que la Justicia avance sobre los puntos cuestionados en términos de la violación de un derecho humano y democrático como el de la protesta social», cuestionó. Y advirtió: «Estas instancias van a continuar, vamos a seguir porque no vamos a permitir que avancen contra un derecho».

Los planteos de Casanello y las observaciones de la ONU

Apenas sorteado, Casanello le había pedido a Bullrich que en el plazo de 72 horas le envíe los antecedentes del protocolo y toda la normativa que avala la puesta en marcha del sistema para controlar los piquetes y cortes de calle.

El magistrado también quería saber si el ministerio respondió al informe de los relatores de ONU «sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión».

En el plazo de tres días, la ministra debía informar al juez los antecedentes del protocolo, «dictámenes jurídicos previos, consultas formuladas sobre el mismo; si se adecúa a las normas internacionales de derechos humanos actos complementarios».

Asimismo, el magistrado había requerido que la cartera de Seguridad detalle si existieron otras denuncias sobre la aplicación del protocolo.

El Gobierno recibió un informe de los relatores especiales de la ONU, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y también la opinión de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

Al respecto, Casanello preguntó a Bullrich qué se hizo con dicho informe, si hubo alguna respuesta formal al organismo, y si fue tenido en cuenta para diseñar o corregir la aplicación del protocolo.

«Quisiéramos instar a su gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para revisar la resolución y el proyecto de ley mencionados a fin de garantizar que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos y no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad reunión pacífica, a la luz de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos», sostiene el informe de los relatores.

En particular, continúa el texto, «solicitamos que garantice que esta revisión se lleve a cabo en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales. Para este ejercicio se debería tener en cuenta toda la gama de obligaciones internacionales que el Estado de Argentina ha asumido al ratificar los distintos tratados internacionales de derechos humanos».

Ahora Casanello quería saber si estas sugerencias fueron adoptadas o respondidas. Por otro lado, se consultó si la cartera que dirige Bullrich había formulado alguna consulta al Ministerio de Justicia respecto a la implementación del protocolo.





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